Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- La iniciativa de reforma electoral conocida como ‘Plan B’, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, enfrenta un intenso debate legislativo con críticas por el recorte al Instituto Nacional Electoral (INE) y dudas sobre la fecha para la revocación de mandato. El PAN cuestiona que la propuesta no ataca el financiamiento ilícito y advierte sobre una ‘farsa’, mientras el Partido del Trabajo (PT) anuncia respaldo pero con reservas sobre el momento del proceso de revocación.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, criticó que el Plan B no resuelve problemas centrales como el dinero del narcotráfico en las elecciones ni la sobrerrepresentación de Morena. “Es una farsa la revocación de mandato”, señaló Anaya, quien además calificó como “torpezas vulgares” la eliminación de la paridad de género en los ayuntamientos. A pesar de estas críticas, el PAN ha expresado apoyo al recorte presupuestal progresivo del 15% al INE en cuatro ejercicios fiscales.
Por su parte, el dirigente nacional del PT, Benjamín Robles, anunció que su partido respaldará la iniciativa, pero con reservas sobre la fecha de la revocación de mandato. Robles manifestó su preferencia porque el proceso se realice en 2028 y no en 2027, para evitar riesgos a la equidad y cuestionó que sea impulsado desde el gobierno y no por la ciudadanía. Sin embargo, esta postura no es unánime dentro del PT, ya que la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre aseguró que votará a favor del Plan B sin condiciones.
El debate también se centra en la autonomía presupuestal y los salarios del INE. La propuesta del Plan B establece un tope salarial de 134 mil pesos mensuales para los consejeros, cifra muy por debajo de los 262 mil pesos brutos que actualmente perciben, un monto superior al salario de la presidenta de la República. El INE ha defendido su estructura salarial y presupuestal, en medio de choques con el poder Ejecutivo que se remontan al sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
El diputado Rubén Moreira advirtió que el Plan B busca influir en los comicios de 2027 y no es una reforma de fondo. Calificó como un retroceso democrático la participación del Ejecutivo en campañas mediante la revocación y alertó sobre daños a la equidad. Además, señaló que los cambios en las regidurías afectarían a 56 municipios con reducción y a 1,089 con aumento, lo que podría generar mayores costos operativos.
El contexto de esta discusión incluye el precedente de la revocación de mandato utilizada en 2022, proceso que fue criticado por algunos sectores como un instrumento de promoción política. La postura oficial de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de la coalición gobernante, así como la reacción de la Presidencia ante las críticas, permanecen como aspectos por aclarar en el proceso legislativo que se desarrolla en el Senado.