Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Secretaría de Gobernación (Segob) informó este día que el Estado mexicano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a su responsabilidad internacional en el caso de Ernestina Ascencio, una mujer indígena fallecida en 2007 en el estado de Veracruz. La sentencia, dada a conocer en fecha reciente, establece que las autoridades federales vulneraron los derechos a la vida y a la salud de la víctima, además de fallar en las garantías de protección judicial y en la aplicación de una perspectiva de género e interseccionalidad durante el proceso de investigación.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Segob, el tribunal internacional determinó que existieron violaciones graves a los derechos humanos ocurridas hace casi dos décadas, las cuales incluyeron denuncias de agresión sexual perpetrada por elementos del Ejército mexicano. La Corte IDH destacó que el Estado no solo falló en prevenir estos actos, sino que también omitió realizar una investigación diligente que permitiera sancionar a los responsables y ofrecer justicia a los familiares de la víctima.
El fallo judicial subraya la afectación a la integridad de los familiares de Ernestina Ascencio, quienes han luchado por años para que se reconozca la verdad sobre lo sucedido en la comunidad de Tepetzintla, Veracruz. La sentencia impone al Estado mexicano la obligación de adoptar medidas de reparación integral y de no repetición, aunque los detalles específicos de dichas órdenes, así como los nombres de los familiares beneficiados, no fueron precisados en el informe inicial difundido por la secretaría.
Este caso representa un precedente significativo en la jurisprudencia interamericana sobre la protección de los derechos de las mujeres indígenas y la obligación del Estado de investigar con perspectiva de género las muertes violentas. La condena llega en un momento donde México enfrenta diversos desafíos en materia de derechos humanos y busca alinear sus prácticas institucionales con los estándares internacionales establecidos por el sistema de la OEA.
La información faltante sobre la fecha exacta de emisión del documento judicial y el desglose pormenorizado de las reparaciones ordenadas queda pendiente de confirmación por parte de las autoridades competentes. No obstante, la notificación de la responsabilidad internacional marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado mexicano y los organismos de defensa de derechos humanos, obligando a las instituciones a revisar sus protocolos de actuación frente a casos de violencia sexual y discriminación estructural.