Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso considerado como el de huachicol fiscal más relevante hecho público en el país, luego de que un tribunal federal en Veracruz anulára el proceso penal por falta de procedibilidad. La decisión, tomada el 18 de marzo de 2026, responde a irregularidades en la intervención de autoridades aduaneras y citaciones incorrectas durante la audiencia inicial.
El litigio involucra a Édgar Marín Meza Moreno e Irving Espinosa Betanzo, quienes están vinculados al presunto desvío de 21.5 millones de litros de diésel. La anulación del proceso en la instancia federal de Veracruz se fundamentó en que no se cumplió con el requisito de procedibilidad, específicamente la falta de intervención previa de la Dirección General Jurídica de Aduanas de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Además, el tribunal local detectó una citación incorrecta en la audiencia inicial, lo que vició el procedimiento penal en su origen. Ante estas omisiones, la defensa logró que se dejara sin efecto la acción penal, motivando la intervención del máximo tribunal del país para establecer un precedente sobre la materia.
Con la atracción del caso, la SCJN tendrá ahora la responsabilidad de revisar y definir si corresponde al Servicio de Administración Tributaria (SAT) o a la ANAM representar el interés fiscal en este tipo de procedimientos relacionados con contrabando de combustible. Esta determinación podría marcar la línea de actuación para futuras investigaciones de huachicol fiscal en todo el territorio nacional.
La empresa identificada en el caso como Administradora de Impulsora de Productos Sustentables es el centro de la operación investigada, aunque la ubicación específica de sus instalaciones no ha sido detallada en los autos públicos disponibles. Tampoco se ha precisado el monto económico total del presunto contrabando, más allá del volumen de litros reportado.
Este movimiento judicial ocurre en un contexto de endurecimiento contra el robo de hidrocarburos, donde las autoridades buscan cerrar brechas legales que permiten la impunidad. La resolución final de la Suprema Corte aclarará las competencias entre las agencias recaudadoras y aduaneras, estableciendo los protocolos obligatorios para garantizar la procedibilidad de los juicios por huachicol fiscal.