Por Redacción
Washington, 20 de marzo de 2026.- Una coalición integrada por 24 estados, una docena de ciudades y condados de Estados Unidos presentó una demanda legal contra la administración de Donald Trump y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por la revocación de las limitaciones a los gases de efecto invernadero. La acción judicial fue formalizada ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, buscando frenar la decisión ejecutiva tomada en febrero de 2026 que eliminó las restricciones ambientales basadas en consensos científicos previos.
El núcleo de la controversia jurídica radica en la anulación de una conclusión científica establecida en 2009, la cual determinaba que los gases de efecto invernadero representan una amenaza directa para la salud pública. Los demandantes argumentan que la EPA actuó de manera ilegal al descartar dicho hallazgo, ignorando la evidencia técnica que ha sustentado las políticas climáticas durante nearly dos décadas. La administración Trump procedió con la revocación a pesar de la oposición del consenso científico predominante en la materia.
Se prevé que esta nueva demanda presentada por los gobiernos estatales y locales se sume a una acción legal anterior iniciada por grupos ecologistas, consolidando un frente jurídico amplio contra la política ambiental de la Casa Blanca. La convergencia de estas acciones legales busca obligar al gobierno federal a restablecer los marcos regulatorios que protegen la calidad del aire y mitigar los impactos del cambio climático.
La participación de 24 estados en esta coalición refleja la magnitud de la oposición regional a las medidas federales recientes. Aunque la investigación no detalla la lista específica de las entidades federativas, ciudades y condados involucrados, ni identifica nominalmente a las organizaciones ecologistas que apoyan el litigio, la cifra de 24 estados marca un volumen significativo de resistencia institucional contra la dirección de la EPA.
El caso queda ahora bajo la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde se determinará la legalidad de los procedimientos administrativos utilizados para eliminar las protecciones climáticas. El desenlace de este proceso judicial podría definir el futuro de la regulación de emisiones en Estados Unidos y establecer un precedente sobre la autoridad de la agencia ambiental para modificar conclusiones científicas de larga data.