Por Redacción
Nueva York, 20 de marzo de 2026.- Las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), han iniciado una investigación sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, debido a sus presuntos vínculos con el narcotráfico. La noticia fue revelada este viernes por fuentes familiarizadas con el asunto, citadas por el periódico The New York Times, aunque las autoridades estadounidenses se han reservado comentarios oficiales.
Nicholas Biase, portavoz de la Fiscalía Federal de Manhattan, declinó hacer declaraciones al respecto cuando fue contactado por la prensa. De igual manera, no se ha obtenido una respuesta oficial de la Fiscalía Federal de Brooklyn ni de la Presidencia de Colombia, quienes no han emitido comunicados tras la difusión de la información. El estatus preciso de la investigación, más allá de confirmarse su existencia en fase inicial, permanece sin detalles públicos concretos.
Según el reporte, la indagatoria surge en un contexto de tensión diplomática entre Washington y Bogotá. Desde enero de 2025, con el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, la relación bilateral ha sufrido deterioro por la negativa de Colombia a recibir vuelos militares estadounidenses con deportados y la posterior descertificación del país sudamericano en materia de lucha antidrogas por parte de Estados Unidos.
La investigación involucra a múltiples agencias de seguridad y justicia de Estados Unidos, lo que sugiere un análisis exhaustivo de las posibles interacciones del mandatario colombiano con estructuras ilegales. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado evidencias concretas de reuniones específicas o solicitudes de donación que vinculen directamente a Petro con actividades ilícitas, manteniéndose la información en el ámbito de las fuentes consultadas por medios estadounidenses.
Este desarrollo marca un punto crítico en la política exterior de la región, dado que la presencia de una investigación federal contra un jefe de estado en ejercicio es un hecho de rara ocurrencia. La ausencia de comentarios tanto de la administración Trump como del gobierno de Petro deja un vacío de información que podría derivar en mayores especulaciones sobre el futuro de la cooperación bilateral en seguridad y justicia.