Por Redacción
Nueva York, 22 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó formalmente a un tribunal federal que desestime la apelación presentada por la defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, quien busca revertir la sentencia de más de 38 años de prisión impuesta en octubre de 2024. La petición fiscal se realiza mediante un documento jurídico de más de 100 páginas presentado ante la corte de Nueva York, donde los fiscales especiales Adam Amir y Joseph Nocella argumentan que no existen grounds legales para anular el fallo condenatorio por narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio.
La solicitud del gobierno estadounidense responde a los alegatos presentados en diciembre de 2025 por el equipo legal de García Luna, encabezado por el abogado César de Castro. En dicha ocasión, la defensa cuestionó la validez del juicio de cinco semanas, sosteniendo que la condena se basó predominantemente en testimonios de criminales que, según su postura, no fueron debidamente corroborados. Ahora, la Fiscalía ha tenido un plazo establecido para contraargumentar estas afirmaciones antes de que el tribunal decida sobre la admisibilidad de la apelación.
De acuerdo con la información procesal, la defensa de García Luna cuenta con un plazo de 21 días hábiles para presentar una réplica tras la recepción del escrito fiscal. Este intercambio de argumentos es parte fundamental del proceso de apelación en el sistema judicial estadounidense, el cual determinará si el caso procede a una revisión completa o si la sentencia original se mantiene firme sin modificaciones.
La condena original, dictada en octubre de 2024, incluye además de la pena privativa de libertad superior a las tres décadas, una multa económica cuyas cifras varían entre dos y cinco millones de dólares según las fuentes consultadas sobre el caso. García Luna fue declarado culpable de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa, una acusación que marcó el fin de su carrera política y su extradición desde México para enfrentar justicia en territorio estadounidense.
El desarrollo de este recurso legal mantiene la atención sobre uno de los casos de corrupción y narcotráfico más relevantes entre ambos países en la última década. Mientras la defensa insiste en vicios procesales relacionados con la prueba testimonial, el Departamento de Justicia busca blindar la sentencia asegurando que el juicio se llevó a cabo conforme a derecho y que las pruebas presentadas fueron suficientes para demostrar la culpabilidad del exfuncionario mexicano más allá de toda duda razonable.