Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- Las cifras oficiales de remuneración para los diputados federales en México durante el ejercicio fiscal de 2026 fueron publicadas en el Manual de Remuneraciones y el Diario Oficial de la Federación, estableciendo una dieta neta mensual de 79,846.35 pesos. Estos datos surgen en el contexto de las declaraciones públicas del legislador Sergio Mayer, quien afirmó enfrentar una situación económica precaria a pesar de su cargo.
De acuerdo con los documentos oficiales consultados, la remuneración total anual neta para un diputado federal asciende a 1,307,224 pesos. Además del salario mensual, los legisladores tienen derecho a un aguinaldo equivalente a 40 días de sueldo, lo que representa un monto bruto de 147,438 pesos. Para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a esta prestación anual, se asigna un apoyo específico de 67,785 pesos.
Entre las prestaciones adicionales registradas en el manual se incluye una ayuda de despensa con un valor mensual de 1,515 pesos. La difusión de estos montos busca contrastar la percepción pública con los datos formales establecidos por la Cámara de Diputados para el presente año legislativo.
La revisión de estas cifras fue motivada por las declaraciones del diputado Sergio Mayer, quien expuso públicamente que su situación económica le obliga a vivir al día. Aunque no se especifica la fecha exacta de dicha declaración, el comentario generó la necesidad de verificar los ingresos reales estipulados en la normativa vigente para los representantes populares.
Las fuentes de esta información provienen del análisis de documentos gubernamentales y reportes de medios que han citado el Manual de Remuneraciones. No se registraron en la investigación detalles sobre el proceso de aprobación inicial de estos salarios ni causas de rechazos intermedios en su tramitación, limitándose el registro a los valores finales operativos para 2026.
Este desglose de ingresos ocurre en un momento de escrutinio sobre el gasto parlamentario y la transparencia en el uso de recursos públicos. La discrepancia entre los montos oficiales y la narrativa de insuficiencia económica planteada por algunos legisladores mantiene el tema bajo observación por parte de la ciudadanía y organismos de vigilancia.