Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- Tras una audiencia que se extendió por casi 24 horas y que inició el 23 de marzo, el juez Gerardo Anguiano Ceja vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por delitos relacionados con el proyecto fotovoltaico Next Energy. La resolución judicial establece una garantía económica de alrededor de 100 mil pesos y fija un plazo de seis meses para la investigación complementaria presentada por la Fiscalía General del Estado de Baja California.
El caso centra sus acusaciones en un contrato para la construcción de una planta en Mexicali que nunca se materializó, lo cual habría generado un daño al erario estatal. Según la información fiscal, el proyecto comprometía pagos mensuales de 123 millones de pesos durante un periodo de 30 años. La vinculación a proceso implica que existen elementos suficientes para investigar la responsabilidad penal del exmandatario en las irregularidades señaladas durante su administración entre 2019 y 2021.
Durante el procedimiento, surgieron contradicciones entre la postura de la defensa y los argumentos del ministerio público. Bonilla Valdez sostuvo que los pagos asociados al proyecto se ejecutaron entre enero y febrero de 2022, fechas en las que aseguró que ya no se encontraba en funciones como gobernador. Asimismo, el acusado manifestó que su gobierno únicamente pactó el pago por un servicio y no la construcción directa de la infraestructura, deslindándose de las acusaciones sobre permisos y compromisos financieros irregulares.
La Fiscalía mantiene la imputación de que los delitos se cometieron durante la gestión de Bonilla, contradiciendo la línea temporal presentada por la defensa. A pesar de las discrepancias expuestas sobre la naturaleza del contrato y la cronología de los desembolsos, el juzgador determinó que procedía la vinculación a proceso, sometiendo al exgobernador a la justicia mientras se profundiza en las pruebas del caso.
Jaime Bonilla Valdez, quien posteriormente a su gubernatura asumió la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT), enfrenta ahora un proceso legal que podría definir su situación jurídica en los próximos meses. La gobernadora actual de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, figura como parte del contexto institucional del caso, aunque no se detallaron declaraciones específicas de su administración respecto a esta resolución en la audiencia concluida este martes.