Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización para recibir donativos deducibles a más de 100 organizaciones civiles, entre las que se encuentran Mexicanos Primero, el IMCO, México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción y Amnistía Internacional. La decisión, notificada el 24 de marzo, ha generado críticas por su impacto en la sociedad civil, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el hecho al describirlo como un procedimiento técnico y autónomo de la autoridad fiscal.
De acuerdo con los datos disponibles, la cancelación abarca a 113 entidades específicas dentro de un padrón que supera las 10 mil organizaciones, aunque algunas fuentes mencionan una cifra de hasta 270 afectadas. El SAT justifica la medida como un cumplimiento de requisitos legales y técnicos, citando incumplimientos normativos, entre ellos aspectos relacionados con la Ley de Ciencia, sin que hasta el momento se haya hecho pública la lista completa oficial ni los plazos exactos que se otorgaron a las instituciones para subsanar las irregularidades.
Ante la controversia, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró a los medios que desconoce los detalles específicos sobre cuántas y cuáles organizaciones fueron afectadas, enfatizando que se trata de una decisión técnica y autónoma del SAT. En su intervención, la mandataria recordó el caso previo de Mexicanos contra la Corrupción, a la cual se le retiró el permiso en la administración anterior bajo el argumento de recibir dinero del extranjero, buscando con ello contextualizar la acción dentro de un marco de legalidad y no como una persecución política.
Por su parte, Amnistía Internacional México interpretó la revocación como una medida de naturaleza política que debilita a la sociedad civil y se suma a una tendencia regional de restricciones a las organizaciones no gubernamentales. La agrupación denunció la existencia de una carga administrativa excesiva y requisitos reiterativos que dificultan la operación de las entidades, contrastando esta situación con la autorización exprés otorgada en dos días a la asociación Humanidad con América Latina A.C., vinculada al expresidente López Obrador, mientras otros grupos esperaban respuestas durante periodos de hasta dos años.
La polémica se centra en la discrecionalidad percibida en el proceso, ya que las Donatarias Autorizadas son fundamentales para que las organizaciones civiles reciban recursos deducibles de impuestos. La discrepancia entre la explicación gubernamental, que alude a fallos técnicos, y la percepción de actores sociales, que ven un acto de gobierno con implicaciones políticas, marca el actual debate sobre el espacio cívico en el país.
Hasta el momento, el SAT no ha emitido un comunicado oficial detallando los criterios específicos aplicados a cada organización ni ha aclarado las diferencias en los tiempos de respuesta entre las entidades canceladas y las newly autorizadas. La falta de transparencia en la lista definitiva y en los motivos particulares de cada revocación mantiene la incertidumbre en el sector filantrópico y académico.