Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que limita las pensiones millonarias para extrabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro. La decisión, tomada el pasado 25 de marzo en San Lázaro, establece un ajuste para aquellas jubilaciones que superan el monto de un millón 107 mil pesos.
Durante la sesión legislativa, se presentaron posturas divergentes sobre el alcance de la normativa. La diputada Lilia Aguilar Gil, identificada como petista, justificó la iniciativa al calificar las altas pensiones como un privilegio corrupto que debe ser erradicado del sistema público. Por otro lado, el diputado Fernando Torres Graciano advirtió que la medida podría afectar injustamente a personas con alta especialización y largos años de servicio en las empresas estatales.
El debate también incluyó la participación del diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que, aunque los detalles específicos de su intervención no fueron detallados en el registro disponible. La reforma tiene carácter retroactivo y está dirigida a reducir los montos de pago que actualmente exceden el techo propuesto, buscando nivelar las percepciones de los pensionados de los organismos descentralizados.
Previo a la votación, grupos de pensionados de Pemex y CFE intentaron realizar protestas en las instalaciones de San Lázaro, incluyendo acciones descritas como un “portazo” para manifestar su rechazo a los cambios. Los manifestantes se oponen a que sus ingresos mensuales sean recortados drásticamente, ya que algunas propuestas discutidas en el marco de la reforma sugieren bajar los topes hasta niveles cercanos a los 70 mil pesos.
Con esta aprobación, el legislativo da curso a una de las medidas de austeridad más controversiales dirigidas al sector energético y eléctrico del país. La implementación del nuevo esquema de pensiones marcará un precedente en la política de remuneraciones para extrabajadores del Estado, en medio de las tensiones entre el ahorro de recursos públicos y los derechos adquiridos por el personal jubilado.