Ciudad Juárez, 28 de marzo de 2026.- Organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron una vigilia en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), en el puente internacional Santa Fe de esta ciudad, donde acusaron que a tres años del incendio ocurrido en este sitio, que dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados, todavía no llegan la verdad ni la reparación integral del daño.
Las organizaciones señalaron la falta de justicia efectiva para las 82 víctimas, conformadas por 40 personas fallecidas, 27 hombres y 15 mujeres sobrevivientes. Denunciaron que existen procesos penales sin sentencias firmes contra funcionarios del INM, personal de seguridad privada y otras personas involucradas.
En un conversatorio realizado en la Ciudad de México, Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Derechos Humanos Integrales en Acción expusieron las deficiencias en la reparación del daño. Lorena Cano, del Imumi, indicó que actualmente no todos los que vivieron esta tragedia han recibido una reparación o compensación económica, entre ellas 15 mujeres que no han sido reconocidas como víctimas bajo el argumento de que no sufrieron lesiones.
Las organizaciones civiles afirmaron que el Estado se niega a dar el reconocimiento legal como víctimas a las mujeres sobrevivientes, mientras que los responsables de más alto rango se encuentran en procesos penales que les favorecen a través de una justicia desigual. Mencionaron específicamente el caso del ex comisionado del INM, Francisco Garduño, quien continúa acusado por ejercicio ilícito del servicio público.
Hasta la fecha, sólo hay cuatro personas en prisión y siete siguen su proceso en libertad. Las agrupaciones advirtieron que el cumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido parcial, lo que limita el acceso a medidas de reparación para las personas afectadas.
Derechos Humanos Integrales en Acción, Hope Border Institute, Servicio Jesuita a Refugiados, Casa del Migrante de la Diócesis de Juárez, Fundación para la Justicia e Instituto para las Mujeres en la Migración participaron en el evento conmemorativo que incluyó una vigilia y un viacrucis. Las organizaciones insistieron en que el hecho no puede entenderse como un evento aislado, sino como consecuencia de una política migratoria basada en la detención y la criminalización.
Las víctimas recordaron que las personas migrantes se encontraban bajo custodia del Estado mexicano al momento del incendio, por lo que existe una responsabilidad directa e irrenunciable de garantizar su vida, seguridad y acceso a la justicia. Exigieron verdad completa, justicia pronta e imparcial, reparación integral y el reconocimiento de todas las personas afectadas.