Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila fallos sobre las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y recibió una petición para realizar una audiencia pública respecto a la prisión preventiva oficiosa.
El ministro Arístides Guerrero García presentará al pleno un proyecto que busca validar que el IMPI pueda ordenar el bloqueo de contenidos en sitios de Internet. El proyecto se listó para discusión el 9 de abril de 2026, tras la negativa de un amparo a la empresa Total Play.
El caso comenzó el 25 de julio de 2024, cuando varias empresas denunciaron ante el IMPI la difusión ilegal de películas en dos sitios de Internet y solicitaron su bloqueo. En noviembre de 2024, Total Play promovió un amparo contra la orden, argumentando que invade facultades del órgano regulador de telecomunicaciones y viola la libertad de expresión.
El juez federal declaró constitucional el artículo 344, fracción VII, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y citó las jurisprudencias 25/2007 y 26/2007, en las que la Corte determinó que los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información “no son absolutos”. El mismo día 9 de abril se programó otro proyecto que propone un revés al empresario Ricardo Salinas Pliego en un juicio contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Un grupo de organizaciones, colectivos e instituciones académicas y civiles entregó a la SCJN una solicitud formal respaldada por 600 firmas ciudadanas para exigir a los ministros realizar una audiencia pública sobre la prisión preventiva oficiosa, antes de emitir un fallo. La petición fue entregada el 25 de marzo de 2026 y dirigida al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.
La entrega fue realizada por representantes, entre ellos los personajes centrales de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), como Daniel García Rodríguez, quien fue sujeto a prisión automática durante más de 17 años sin recibir sentencia. “Es una petición justa, real y además es urgente, necesaria para que la ciudadanía en México opine respecto a la urgente necesidad de que se elimine la violación de la presunción de inocencia”, señaló García Rodríguez.
Adicionalmente, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación instaló la visitaduría regional del órgano de evaluación del desempeño judicial para las regiones Ciudad de México uno y dos. La magistrada presidenta del TDJ es Celia Maya García, quien indicó: “La disciplina judicial debe asumirse como una práctica cotidiana de apego a reglas, principios y deberes, indispensable para preservar la confianza pública en la impartición de justicia”.