Washington D.C., 02 de abril de 2026.- El 2 de abril de 2025, Donald Trump anunció aranceles generalizados del 10% y de hasta el 50% para países con los que EE.UU. tuviera mayor déficit comercial. Un año después, el Supremo ha declarado ilegales los mal llamados aranceles recíprocos.
Washington ha recaudado unos 264.000 millones de dólares con las tarifas, pero no ha logrado reducir el déficit comercial. La economía estadounidense tiene un crecimiento más débil (2,1% el año pasado, frente al 2,8% de 2024).
Los aranceles no han servido para disparar la apertura de fábricas ni atraer más inversión extranjera. Estados Unidos compra menos productos a China, pero Pekín no vende menos porque ha encontrado otros mercados.
El presidente Trump justificó el giro comercial diciendo: “Nuestro país ha sido saqueado, expoliado, violado y robado”. Brian Pannebecke, un trabajador jubilado del sector de la automoción, apoyó las políticas arancelarias de Trump desde la rosaleda de la Casa Blanca.
Pannebecke declaró: “Apoyamos al 100% las políticas arancelarias del presidente”. Además, agregó: “Le estamos profundamente agradecidos y en seis meses o un año empezaremos a ver los beneficios”.
En otro frente, la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) señala en un informe que México obstaculiza la participación de las empresas estadounidenses en el sector energético. El informe de USTR señala que las últimas reformas legales en México dan prioridad a las empresas estatales Pemex y CFE, impidiendo la inversión de las firmas estadounidenses.
En 2014, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, se abrió el sector energético a la inversión privada. En 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, la política energética dio un giro de 180 grados y volvió a estar centrada en las actividades estatales.
Los cambios en la normativa mexicana imponen nuevas restricciones a los permisos de combustible, reducen la vigencia de los permisos de importación de 20 a 5 años y la de los permisos de comercialización de 30 a 2 años. Estos cambios normativos no se aplican a Pemex. El reporte de la USTR indica: “Las empresas privadas que operan en México a menudo no pueden participar de manera efectiva, o incluso no participar en absoluto, en el sector energético mexicano debido a las frecuentes demoras, los rechazos inexplicables o injustificados y la inacción respecto a las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de los existentes.”