Morelia, 07 de abril de 2026.- Comuneros de Arantepacua realizaron protestas en las calles de Morelia que derivaron en múltiples actos vandálicos, incluyendo la quema de vehículos y el ataque a diversas instalaciones públicas y privadas. Los hechos obedecieron al noveno aniversario de una irrupción policial ocurrida el 5 de abril de 2017, la cual dejó cuatro personas muertas en la comunidad indígena.
Las protestas iniciaron alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando decenas de personas se congregaron en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Según reportes, el contingente, integrado por encapuchados armados con palos, piedras y cohetes, atacó el inmueble y provocó la quema de unidades de carga frente a la dependencia. También se documentó la irrupción y sustracción de expedientes en las instalaciones de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.
El recorrido de los manifestantes dejó un saldo de diversos destrozos. En la Secretaría de Educación del Estado, el grupo realizó pintas con la consigna “5 de abril no se olvida” y rompió cristales. Otros edificios vandalizados incluyeron la sede del Poder Judicial del Estado de Michoacán, donde colocaron dos lonas con consignas contra el exgobernador Silvano Aureoles; una sucursal bancaria; la sede de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; el Infonavit; y el Instituto de la Juventud Moreliana. Asimismo, vandalizaron un cajero bancario, dos tiendas y una gasolinera.
En cuanto a los vehículos, los actos vandálicos incluyeron el incendio de dos camiones repartidores de agua, un camión de una empresa panadera sobre la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas, y un camión de jugos que fue saqueado. También destrozaron la camioneta de una paquetería, una motocicleta repartidora y una camioneta del Gobierno de México. Se documentó la toma de una camioneta de gas LP y la toma por la fuerza de una unidad de la Guardia Civil, cuyo conductor fue golpeado. Otras fuentes reportan agresiones directas a elementos de dicha corporación.
Los comuneros exigen justicia por la represión policial del 5 de abril de 2017, cuando el Gobierno de Michoacán, encabezado entonces por Silvano Aureoles, instruyó un operativo en Arantepacua que cobró la vida de Francisco Jiménez Alejandre, Santiago Crisanto Luna, José Carlos Jiménez Crisóstomo y Luis Gustavo Hernández Coherentes. Previamente, el 4 de abril de ese año, policías estatales habían detenido violentamente a 38 representantes de la comunidad. En 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que la policía estatal hizo uso excesivo, ilegal y desproporcionado de la fuerza. La Fiscalía de Michoacán ha obtenido 16 órdenes de aprehensión contra funcionarios responsables, incluido el exgobernador Aureoles.