Asuncion Ixtaltepec, 09 de abril de 2026.- Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó el 8 de abril de 2026 el cierre del litigio penal por el descarrilamiento del Tren Interoceanico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en la comunidad de Nizanda, municipio de Asuncion Ixtaltepec, Oaxaca. El siniestro, registrado a las 09:28 horas, dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 98 lesionadas.
De acuerdo con la dependencia, 145 víctimas del descarrilamiento optaron por concluir el conflicto mediante justicia alternativa con la firma de acuerdos reparatorios. De este total, 114 son adultos y 31 son niñas, niños y adolescentes que recibieron “de forma inmediata” la reparación integral del daño. Godoy Ramos señaló que la aceptación de dicha reparación derivó en la extinción de la acción penal correspondiente.
La FGR acreditó la comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho. La autoridad judicial emitió autos de vinculación a proceso contra los tres operadores tras obtener órdenes de aprehensión y de cateo. Entre los detenidos se encuentran Felipe de Jesús Díaz Gómez, maquinista capturado el 26 de enero de 2026 en Palenque, Chiapas, y Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores, detenido el 27 de enero de 2026 por no supervisar ni intervenir antes ni después del descarrilamiento.
Las investigaciones determinaron que el descarrilamiento no se debió a problemas en la obra ni a deficiencias en la infraestructura. Los peritajes técnicos verificaron que tanto la vía en el punto del siniestro como las locomotoras cumplían con las normas oficiales mexicanas aplicables. Godoy explicó que se descartó el delito de ataques a las vías generales de comunicación “con los dictámenes periciales en materia de arquitectura e ingeniería civil, así como con el de seguridad industrial”.
Por el contrario, la caja negra de la locomotora reveló que el convoy circulaba a velocidades de hasta 111 kilómetros por hora en tramos rectos donde el límite máximo permitido era de 70 kilómetros por hora. En la curva donde ocurrió el descarrilamiento, el tren transitaba a 65 kilómetros por hora cuando el límite establecido era de 50 kilómetros por hora. La FGR concluyó que la correlación de los fallecimientos y las lesiones se derivó del exceso de velocidad negligente atribuible al maquinista, así como de la omisión del conductor y del jefe de despacho para evitarlo.
Respecto al delito de daño en bienes, la empresa operadora del ferroviario, a cargo de la Secretaría de Marina, decidió otorgar el perdón de la parte ofendida, lo que derivó en el descarte de la investigación por ataques a las vías de comunicación. Asimismo, se descartaron los delitos de uso ilícito de atribuciones y de servicio indebido del servicio público con base en información proporcionada por la empresa ferroviaria y el análisis de auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sin que existieran observaciones penales que denunciar.
La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que el gobierno mexicano concluyó el proceso de reparación integral, el cual incluyó atención médica continua, apoyo psicológico y acompañamiento jurídico. Godoy Ramos afirmó: “Tengan la certeza de que hemos dispuesto de todas las capacidades institucionales para llegar a la verdad de los hechos, obtener justicia, que se repare el daño y evitar la impunidad”.