Badiraguato, 09 de abril de 2026.- Trece elementos del Ejército Mexicano fueron vinculados a proceso por el homicidio de Leidy y Alexa, de 11 y 7 años de edad, así como por la tentativa de homicidio de dos adolescentes y dos adultos, todos integrantes de una misma familia. La resolución fue emitida el 6 de abril por el juez de control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, quien determinó procesarlos por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, municipio de Badiraguato, Sinaloa. Según lo reportado, la familia transitaba en una camioneta con dirección a la escuela cuando un convoy de tres vehículos del Ejército, que circulaba en el carril contrario, abrió fuego en contra del vehículo familiar. Fuentes indican que los uniformados dispararon en más de cien ocasiones contra la unidad, provocando que Leidy y Alexa murieran en el acto, mientras que una adolescente de 14 años, otra de 12 y dos adultos resultaron heridos.
El 31 de marzo pasado, las víctimas fueron notificadas de la ejecución de diversas órdenes de aprehensión en contra de los 13 militares. Durante el proceso, agentes de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos presentaron pruebas que, según los registros, acreditaban el uso letal de la fuerza de forma injustificada, calificando los hechos como una “actuación dolosa”.
Representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señalaron que “los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y existía una alta previsibilidad del resultado letal que ocasionaría el accionar sus armas en contra de la camioneta en la que transitaba la familia”. Asimismo, indicaron que no se actualizó “alguna causal de exclusión de responsabilidad”.
En un inicio, las autoridades anunciaron que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente. Por su parte, la defensa de los militares alegó que los hechos ocurrieron en “un contexto de violencia en el estado”, describiendo a la entidad como una de las más peligrosas del país debido a la disputa entre carteles de la droga.
La familia de las menores denunció lo ocurrido como “el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza”. Paralelamente a este proceso federal, la jurisdicción militar abrió una investigación sobre los mismos hechos. Ante la vinculación a proceso, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez expresó que “la expectativa es que todas las instituciones estén a la altura del desafío que implica garantizar verdad y justicia en el homicidio de dos niñas a manos de elementos castrenses, en un contexto donde en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares la constante es la impunidad”.