Ciudad De México, 27 de mayo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso a Juan Jesús Morales, también identificado como Juan Jesús ‘N’, vigilante del edificio ubicado en Avenida Revolución 829 de la colonia Nonoalco, por el feminicidio de Edith Guadalupe Valdez. La autoridad judicial mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el imputado.
Respecto al cierre de la indagatoria, las fuentes presentan discrepancias: mientras un reporte indica que se otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, otro señala que el plazo adicional dictado fue de tres meses. Durante la audiencia, la defensa del imputado apostó por tratar de echar abajo las acusaciones de la Fiscalía.
La representación legal argumentó que su cliente nunca tuvo acceso al sistema de videovigilancia ni a las contraseñas del servicio de grabación. Sobre las desconexiones de las cámaras registradas el 15 de abril, la defensa sostuvo que podrían obedecer a una falla del sistema. Asimismo, respecto a los rastros de sangre hallados en la caseta de vigilancia, la defensa afirmó que la presencia de manchas hemáticas de la víctima “pudo ser plantada” por las propias autoridades.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Bertha Alcalde Luján, presentó una reconstrucción cronológica de los hechos. La hipótesis ministerial indica que Edith Guadalupe ingresó al inmueble alrededor de las 16:16 horas del 15 de abril y que la agresión mortal ocurrió entre las 16:23 y las 16:44 horas, intervalo en el que el sistema de videovigilancia fue desconectado desde la caseta. Existen reportes contradictorios sobre la duración de esta desconexión, citándose también un rango hasta las 17:44 horas en otras fuentes.
Las autoridades sostienen que el imputado tenía control del acceso principal, el estacionamiento y la caseta de vigilancia. Peritos localizaron manchas de sangre en el tapanco, la escalera interna y la parte baja de la caseta, así como huellas de limpieza incompleta. La Fiscalía encontró pertenencias de la víctima, incluida su cartera en el baño de la caseta y su teléfono celular oculto en las instalaciones eléctricas del edificio. Además, se aseguró un desarmador compatible con las lesiones punzocortantes que causaron la muerte, el cual fue localizado en un registro del drenaje del inmueble, junto con prendas de vestir de hombre con manchas hemáticas.
La reconstrucción de los hechos reveló que alrededor de las 23:00 horas del 15 de abril, familiares de la víctima acudieron al edificio, pero el vigilante negó que hubiera ingresado. Tras presentar la denuncia por desaparición a la 1:10 de la madrugada del 16 de abril, la madre informó a las 4:25 horas que ese fue el último lugar donde se vio a su hija. Sin embargo, la primera revisión policial al inmueble no se realizó hasta las 8:30 horas de ese mismo día.
Durante esa diligencia, la inspección no se concretó inicialmente porque el guardia indicó que se requería autorización del administrador. La Fiscalía reconoció que entre la denuncia inicial y la inspección transcurrieron cerca de 15 horas, lo que constituye una omisión grave. Ante la evidencia presentada, la Fiscalía concluyó que los elementos encontrados “refuerzan la hipótesis de manipulación posterior a los hechos”.