Chihuahua, 31 de mayo de 2026.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que venció el plazo para ratificar la solicitud de juicio político promovida por legisladores morenistas contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por lo que el procedimiento quedó sin efecto.
Los promoventes, diputados locales de Chihuahua, contaban con tres días para ratificar la petición presentada ante la Cámara de Diputados, requisito que no fue cumplido. Ante esto, López Rabadán afirmó: “No existe ya, en términos formales, una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos. Una vez que no se ha ratificado no se tiene por presentada la solicitud”.
Este desenlace ocurre en medio de una indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la presencia de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas realizado en Chihuahua a mediados de abril, tras el cual murieron dos agentes de la CIA en un accidente automovilístico y otros dos fueron regresados a Estados Unidos. La gobernadora acudió la semana pasada a las instalaciones de la FGR tras ser citada en calidad de testigo.
Campos presentó un escrito en el que rechazó rendir entrevista ante el Ministerio Público al considerar que el citatorio era “ambiguo”, “internamente incongruente” y carecía de fundamentación suficiente. En el documento entregado a la autoridad ministerial, la mandataria señaló: “No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno”.
La FGR informó que la gobernadora “solamente entregó un escrito en el que manifiesta su indisposición para aportar información”. El vocero de la dependencia, Ulises Lara, sostuvo que la inmunidad procesal de la que gozan los gobernadores no impide que puedan proporcionar información para el esclarecimiento de los hechos investigados.
Medios como 24-horas.mx indican que el caso comienza a ser manejado intencionalmente para colocar a Campos como una candidata “natural” del panismo a la Presidencia en 2030. Según este análisis, desde el mismo gobierno se está alentando la percepción de una persecución judicial para posicionar su imagen, comparando la situación con la vivida por Xóchitl Gálvez entre 2023 y 2024.
Antes de ingresar a las instalaciones de la FGR, la gobernadora dio un mensaje en el que reafirmó su condición de víctima de una persecución política a cargo del Gobierno federal, mostrando una aparente rebeldía en defensa de su investidura.