Ciudad De México, 04 de junio de 2026.- Los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, rechazaron públicamente las versiones difundidas en medios internacionales que señalan que Estados Unidos les ha retirado la visa y que se encuentran bajo investigación federal por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El reporte, atribuido al diario Los Angeles Times y a los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum, indicó que ambos mandatarios estarían siendo investigados y que, aunque se les habría despojado de sus visas, continuarían ingresando al país vecino mediante autorizaciones especiales. En el caso de Villarreal, la publicación señaló específicamente una indagatoria por tráfico de combustible pirata.
Ante estos señalamientos, el gobierno de Tamaulipas negó de manera categórica las acusaciones. Gerardo Algarín, vocero estatal, declaró que lo publicado se trata de “señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde”.
Por su parte, Alfonso Durazo afirmó que mantiene vigente su documento migratorio y aseguró no haber recibido notificación alguna por parte de las autoridades estadounidenses. “No muerdan todos los anzuelos. Esa nota no tiene absolutamente ninguna fuente. Tengo mi visa vigente, no tengo complicidades ni con grupos criminales, pero tampoco compromiso de colaboración con ningún país extranjero”, expresó el gobernador sonorense.
Durazo añadió que siempre ha actuado con integridad y transparencia, comentando que “casi sudo agua bendita” ante tales versiones. Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado este tipo de acciones como posibles actos de injerencia que tensan la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
En cuanto a la postura del gobierno estadounidense, Lilian Soto, vocera del gobierno de Arizona, informó que se sigue de cerca la situación. “Hemos visto los reportes sobre funcionarios mexicanos y estamos monitoreando la situación de cerca… Cualquier vínculo con el crimen organizado sería inaceptable, y cualquier persona que resulte culpable debe responder ante la ley”, señaló Soto.