Ciudad De México, 08 de junio de 2026.- En Latinoamérica, diversos eventos relacionados con la memoria histórica y la justicia marcaron la agenda reciente. En Chile, un grupo de diputados del Partido Nacional Libertario presentó un proyecto de resolución en el Congreso para solicitar al presidente José Antonio Kast la creación de un Museo de la Verdad sobre el período del Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende.
La propuesta, ingresada en la Cámara de Diputados el mismo día que Kast rindió su primera Cuenta Pública, pide al Ejecutivo instruir a los ministerios de las Culturas y de Obras Públicas, así como al Consejo de Monumentos Nacionales, para instalar el recinto. El objetivo declarado es exponer “el atropello, el hambre y la humillación que significó para el pueblo de Chile el Gobierno de la Unidad Popular”. La iniciativa busca “preservar la memoria histórica completa y verdadera de las víctimas de desabastecimiento, la violencia política, el ‘quieto’ del Estado de Derecho y el caos económico que caracterizaron dicho período”, según los promotores.
La creación de este museo tiene como fin restar peso al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH), que relata el golpe de Estado de 1973 y la dictadura de Augusto Pinochet. Cabe señalar que el MMDH recibió el Premio de Derechos Humanos Rey de España a inicios de mayo de 2026. En el país austral se conservan actualmente 1.168 lugares de memoria.
Por otro lado, en Ecuador, la justicia obligó al Estado a reconocer su responsabilidad en la desaparición forzada y muerte de cuatro niños de Las Malvinas. El caso, que expuso abusos cometidos por militares durante el gobierno de Daniel Noboa, derivó en una sentencia inédita. El comandante de la Fuerza Aérea, Mauricio Salazar, pronunció las palabras de disculpa el 4 de junio de 2026 en el Hemiciclo de la Rotonda, en Guayaquil, con frases redactadas por jueces de la Corte Constitucional.
Salazar declaró: “Reconocer con vergüenza y dolor que el Estado es responsable de un horrendo suceso, la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil”, añadiendo que se les fue “Arrebatándoles su libertad, su infancia y su derecho a vivir dignamente”. Los cuatro menores, de entre 12 y 17 años, fueron interceptados por 16 militares el 8 de diciembre de 2024; según la investigación judicial, fueron detenidos, golpeados, desnudados y abandonados, apareciendo sus cuerpos días después junto a un manglar. Durante el acto, familiares y vecinos gritaron “¡Eran niños!” y “¡Asesinos!”. Un día antes, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denunció hostigamiento a familiares de las víctimas por parte de militares.
En México, la UNAM otorgó la licenciatura a la joven enfermera Verónica Soto Hernández, víctima de feminicidio, seis años después de su muerte. La resolución final se dio gracias a la lucha de su familia, ya que inicialmente no podía entregarse el título porque la joven no había cubierto totalmente el servicio social debido a que fue asesinada mientras lo cumplía. Soto Hernández había terminado la carrera con 9.6 de calificación y jamás había reprobado; al parecer, el culpable de su asesinato está sin juzgar.
Asimismo, a 17 años de la tragedia en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrida el 5 de junio de 2009 donde murieron 49 menores, familiares realizaron una ceremonia con un pase de lista. Durante el acto se mencionaron los nombres de las víctimas, seguidos por la frase “no debió morir”, mientras reiteraban su llamado a las autoridades federales para que no exista impunidad.