Ciudad De México, 09 de junio de 2026.- El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció este lunes que busca revocar la ciudadanía estadounidense a 17 personas naturalizadas acusadas de cometer fraude durante sus procesos migratorios y de haber incurrido en delitos graves. Entre los afectados se encuentra Andrea Marroquín, hija de un importante narcotraficante colombiano.
Andrea Johana Marroquín Rubiano, de 44 años, obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos ocultando su matrimonio bígamo con un ciudadano estadounidense. Según el DOJ, la colombiana obtuvo la ciudadanía por naturalización en 2009 tras ocultar sus delitos. Entre 2003 y 2011, supuestamente participó en una conspiración para cometer fraude electrónico y bancario, así como lavado de dinero, utilizando fondos procedentes del narcotráfico de su difunto padre para financiar transacciones inmobiliarias fraudulentas en Miami, Florida.
La justicia estadounidense ha presentado cuatro demandas contra la inmigrante para revocar su ciudadanía. Aunque no han citado el nombre del padre de la acusada, las autoridades aportaron datos de una audiencia por cargos de lavado de dinero y fraude bancario donde se alegó que el progenitor era un “conocido capo de la droga colombiano” que fue asesinado en 1998 o 1999. La acusada heredó ganancias del narcotráfico que ascendían a decenas de millones de dólares. Además, se señala que su tío, con quien mantenía una estrecha relación, también fue un importante narcotraficante condenado por fraude hipotecario en una corte federal de Florida.
Además de Marroquín, el DOJ ha acusado a otros 16 naturalizados originarios de países como Cuba, México, Jamaica, India, China, Filipinas, Haití y Somalia. Las acusaciones incluyen delitos como abuso sexual a un menor, fraude bancario y narcotráfico. La Administración de Donald Trump informó que estas acciones legales forman parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsado desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
En caso de que prosperen estos procedimientos, las personas afectadas regresarían a su estatus migratorio previo y perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense, incluida la protección frente a la deportación. El fiscal general interino, Todd Blanche, declaró: “Cuando extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias”.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, enfatizó: “La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio”. Mullin añadió que el objetivo es evitar que “los estadounidenses sean perjudicados por criminales”.