Por Redacción
Tijuana, 25 de agosto de 2026.- La reincorporación de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa el 21 de agosto, tras más de 100 días de separación del cargo por acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos, generó una crisis política al interior de Morena. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN), presidido por Ariadna Montiel Reyes, informó que no tuvo previo conocimiento de la determinación y señaló que “por lo anterior Morena se deslinda de esta decisión”.
La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado sostuvieron que la acción de Rocha no fue consensuada con representantes del partido. Asimismo, 23 gobernadores emanados de la Cuarta Transformación, incluida Marina del Pilar Ávila Olmeda de Baja California, cuestionaron el proceder del político sinaloense. Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el interés personal no podía imponerse a los intereses del pueblo y de la nación.
Como resultado de las posturas emitidas, Rocha Moya solicitó nuevamente licencia el 22 de agosto. En un escrito dirigido al Poder Legislativo, manifestó: “Por así considerarlo pertinente me presento ante este Honorable Poder Legislativo para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido, por más de 30 días”. La Secretaría de Gobernación estableció que la reincorporación inicial había respondido a una decisión de carácter personal.
En medio de la controversia, Alfredo Álvarez Cárdenas, aspirante de Morena a coordinador estatal en Baja California, descartó que el deslinde partidista perjudique al instituto político. En declaraciones a Semanario ZETA este lunes 24 de agosto en Tijuana, aseveró: “El problema no es cuando hay un político, un colaborador, digamos, indeseable. El problema es cuando no se toman las medidas para corregir ese mal”. Agregó que la presidenta tomó las medidas “a tiempo y en forma”, destacando que lo relevante fue la manera en que se enfrentó el tema y el resultado final de la separación por segunda ocasión.
Paralelamente, el senador Enrique Inzunza anunció que dejará el encierro el próximo 30 de agosto para ocupar físicamente su escaño durante la plenaria de la bancada de Morena, donde se definirá la agenda legislativa del periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre. Sin embargo, legisladores del bloque oficialista (Morena, PT y PVEM) indicaron que Inzunza no cuenta con el apoyo del coordinador Ignacio Mier ni de la presidenta Sheinbaum.
Tanto Inzunza como Rocha Moya han permanecido en un limbo jurídico desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó su captura y extradición por presuntos vínculos con una facción del Cartel de Sinaloa. Aunque la Fiscalía General de la República mantiene carpetas de investigación abiertas, solo fueron citados a comparecer en mayo. Inzunza ha conservado su fuero, sueldo y cargo, evitando los reflectores salvo por una reunión con Javier Corral en Culiacán en mayo y su ingreso al Palacio de Gobierno el viernes pasado para ver a Rocha Moya.