Por Redacción
Ciudad de Mexico, 25 de agosto de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, opinó que los 10 funcionarios bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) deberían solicitar licencia, aunque destacó que la decisión final corresponde a cada individuo. Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el posible regreso del senador morenista Enrique Insunza, señalado por autoridades estadounidenses por supuestos nexos con el crimen organizado.
“Ayer di mi opinión sobre el caso del gobernador de Sinaloa —Rubén Rocha Moya— hoy con licencia; considero lo mismo en todos los 10 casos que están bajo investigación de la Fiscalía”, afirmó Sheinbaum. Subrayó que “cada quien tiene que hacer también una decisión… Cada uno tiene que tomar también sus propias decisiones” frente a la ciudadanía.
El lunes 24 de agosto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, decidió regresar a su cargo, pero al día siguiente volvió a pedir licencia ante la presión mediática y política. Sobre este episodio, Sheinbaum expresó que no estuvo de acuerdo con la decisión inicial de Rocha Moya y le pareció “imprudente”.
“No estoy de acuerdo con lo que hizo, ya lo manifesté. Me pareció imprudente, porque no es un asunto personal, es un asunto del gobierno de Sinaloa”, dijo la presidenta. Añadió: “¿Qué necesidad? Y que genera ¿Qué necesidad de regresar? Nada personal puede estar por encima del pueblo de México y me parece imprudente, y soy presidenta de todo un pueblo y de un proyecto de nación y principios de gobierno”.
Respecto a las solicitudes extranjeras, Sheinbaum aclaró que primero debe realizarse una investigación por parte de la FGR y que, cuando haya una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para detención y extradición, “tiene que haber pruebas”. Explicó que “no porque diga el Departamento de Justicia, que hay una persona que tiene una investigación, sin pruebas, pues vamos a responder a ella”.
La jefa del Ejecutivo enfatizó que cualquier solicitud debe presentar sustento penal conforme a las leyes de extradición y al sistema penal acusatorio de México. “En este caso y en cualquiera de los casos, aquí decidimos las y los mexicanos, nadie decide por México, ningún gobierno extranjero debe decidir por lo que definen las y los mexicanos y nuestras propias instituciones”, concluyó.