Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes un Plan B de reforma electoral enfocado en recortar el presupuesto de congresos locales y regidores municipales, con el objetivo de redirigir los recursos ahorrados a obras públicas. La iniciativa, que será enviada al Congreso de la Unión este martes 17 de marzo, surge después de que una propuesta más amplia (Plan A) fuera rechazada por sus aliados del PT y el PVEM en la Cámara de Diputados el pasado 11 de marzo.
La propuesta busca reducir lo que el gobierno federal considera “privilegios” en los poderes legislativos estatales y municipales. Como ejemplo, se señaló que el costo por legislador en el Congreso de Baja California asciende a 34 millones 867 mil 503.28 pesos, mientras que en Colima es de 5 millones 170 mil pesos. El ahorro total estimado podría alcanzar los 4 mil millones de pesos, aunque aún no se ha detallado el mecanismo legal para etiquetar estos fondos hacia obras públicas.
“El objetivo es disminuir el ingreso económico a partidos políticos”, afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, aunque otras fuentes dentro del análisis indican que la reducción directa al financiamiento de partidos “no se logró ahora”. La iniciativa deja de lado, en esta etapa, cambios al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Congreso federal, que estaban contemplados en el Plan A rechazado.
Para su aprobación, el Plan B requerirá el visto bueno de al menos 17 congresos locales, un proceso que se prevé complejo dada la reciente división en la coalición gobernante. La negociación del Plan A fracasó cuando diputados del PT y el PVEM, socios tradicionales de Morena, votaron en contra de la iniciativa, lo que obligó al gobierno a buscar una alternativa más acotada.
El contexto político indica que la administración de Sheinbaum busca cumplir con una de sus promesas de campaña: reducir el gasto en la estructura política para destinarlo a proyectos de infraestructura y desarrollo social. Sin embargo, la oposición y algunos analistas han cuestionado el alcance real de los ahorros y la viabilidad de la propuesta, que aún carece de texto público detallado. Lo que sigue es la presentación formal de la iniciativa y el inicio de un nuevo debate legislativo en un Congreso donde la mayoría oficialista ha mostrado fisuras.