Ciudad De México, 12 de abril de 2026.- La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur confirmó la vinculación a proceso del ex oficial mayor Alan Sotelo Burgoin por el delito de abuso de autoridad por simulación. El exfuncionario quedó sujeto a proceso por autorizar el pago de 14 millones 170 mil 560 pesos a una empresa financiera que nunca gestionó el crédito bancario de 300 millones de pesos destinado al gobierno municipal de Los Cabos.
El juez de Control determinó tres medidas cautelares para Sotelo Burgoin: firma periódica quincenal, prohibición de acercarse al domicilio del Ayuntamiento de Los Cabos y prohibición de acercarse o comunicarse con testigos y/o denunciantes. Con esta decisión, el ex oficial mayor se suma al exalcalde Óscar Leggs Castro y al extesorero Martín Talamantes, quienes fueron los primeros dos exfuncionarios del mismo ayuntamiento vinculados a proceso por el mismo delito.
En otro frente judicial, el conductor de televisión Patricio Cabezut aseguró que demandará al periodista Carlos Jiménez (C4) por daño moral. Cabezut afirmó que Jiménez difundió incorrectamente su ratificación de vinculación a proceso y calificó la información de errónea y distorsionada. “Yo no he sido sentenciado en ningún proceso. Hasta el día de hoy sigo siendo inocente. La información que este señor presenta es errónea, está distorsionada”, declaró el conductor.
Cabezut calificó de deleznable al “pseudo periodista” y señaló: “Utiliza conceptos que atentan contra mi presunción de inocencia. Hay, por lo tanto, elementos suficientes para iniciar una demanda por la vía civil por la acción de daño moral. Me humilla, atenta contra mi dignidad”. Por su parte, Carlos Jiménez respondió a la amenaza de demanda asegurando que no lo van a callar y refrendó que Cabezut está vinculado a proceso, añadiendo que la amenaza es “una más de todas la fila de personas deleznables que busca callarme”.
Respecto al caso del exfutbolista Omar Bravo, acusado por presunto abuso sexual contra una menor de 12 años de edad, su defensa solicitó llevar el proceso en libertad bajo fianza, pero la petición fue negada. Bravo seguirá recluido en el Penal de Puente Grande de Jalisco, donde podría permanecer hasta por dos años mientras se define su situación. Un juez dictó vinculación a proceso contra él el pasado 4 de octubre.
La defensa de la víctima solicitaría que se le imponga una pena de entre 5 a 10 años. El abogado Juan Soltero explicó que uno de los hechos por los cuales se le imputó es cuando la menor tenía menos de 12 años, lo cual agrava la pena. “Eso agrava la pena de 3 a 6 años, y las demás agravantes marca o mandata la ley que se tiene que aumentar hasta dos tercios la pena, entonces la pena sería de 5 a 10 años de prisión”, detalló el legal.