Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua, una medida impulsada por el presidente Nayib Bukele que modifica el artículo 27 de la Carta Magna que antes prohibía expresamente este tipo de condena. La iniciativa fue respaldada por 61 diputados, incluyendo 59 del oficialista partido Nuevas Ideas y sus aliados, más dos legisladores de oposición, en medio del régimen de excepción vigente desde hace cuatro años.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, calificó la aprobación como “irreversible” y defendió la medida como necesaria para combatir la criminalidad en el país centroamericano. La reforma se produce en un contexto donde el gobierno salvadoreño enfrenta acusaciones internacionales por presuntas violaciones a derechos humanos durante la aplicación del estado de excepción.
Según el informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES), las acciones del gobierno de Bukele podrían constituir crímenes de lesa humanidad, aunque el ejecutivo salvadoreño insiste en que su estrategia de seguridad ha reducido significativamente los índices de violencia asociados a las pandillas. El debate sobre la cadena perpetua enfrenta posturas entre la lucha contra la delincuencia y el respeto a los derechos fundamentales.
La modificación constitucional elimina la prohibición explícita que existía desde 1996, cuando El Salvador abolió la pena de muerte. Organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado que esta medida podría agravar las condiciones carcelarias en el país, donde ya se reporta sobrepoblación en los centros penitenciarios.
El presidente Bukele, quien se encuentra en su segundo mandato, ha justificado la reforma argumentando que es necesaria para enfrentar a “los criminales más peligrosos” que amenazan la seguridad nacional. Sin embargo, críticos señalan que la medida podría utilizarse de manera discrecional contra opositores políticos y disidentes.
La aprobación de la cadena perpetua se da en un escenario donde El Salvador mantiene suspendidas varias garantías constitucionales bajo el régimen de excepción, que ha permitido la detención de más de 75,000 personas según cifras oficiales. Organizaciones internacionales han documentado casos de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.
El siguiente paso en el proceso legislativo requiere la ratificación de la reforma por la próxima legislatura, aunque la amplia mayoría oficialista en la Asamblea hace previsible su confirmación definitiva. La medida coloca a El Salvador como uno de los pocos países de América Latina que contempla la cadena perpetua en su ordenamiento jurídico.