Por Redacción
Estados Unidos, 19 de marzo de 2026.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles la ampliación de un polémico programa que exige una fianza de 15,000 dólares a solicitantes de visas de ciertos países, una medida que entrará en vigor el próximo 2 de abril. La Administración del presidente Donald Trump agregó doce nuevas naciones a la lista, elevando a 50 el total de países cuyos ciudadanos deberán depositar la garantía económica para obtener una visa de no inmigrante, con el argumento oficial de reducir los costos asociados a las deportaciones.
Los doce países recién incorporados son Nicaragua, Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. Se suman así a otros 38 estados que ya estaban sujetos a este requisito, entre los que se encuentran varias naciones africanas, de Medio Oriente y del sudeste asiático, aunque el Departamento de Estado no ha publicado la lista completa de los países previamente afectados.
Según datos oficiales citados en el anuncio, el programa existente ha logrado un 97% de cumplimiento entre los viajeros que depositaron la fianza, lo que significa que la gran mayoría regresó a sus países de origen antes de que expirara su estatus legal. Las autoridades estadounidenses estiman que el costo promedio de deportar a una persona ronda los 18,000 dólares, por lo que la implementación de esta fianza preventiva representaría un ahorro para el erario de aproximadamente 800 millones de dólares anuales.
La medida se enmarca en la política migratoria de línea dura que ha caracterizado a la Administración Trump, enfocada en restringir la entrada de extranjeros mediante requisitos financieros y administrativos más estrictos. El mecanismo establece que la fianza de 15,000 dólares será reembolsada al viajero una vez que salga de Estados Unidos dentro del plazo autorizado por su visa; de lo contrario, el dinero será confiscado.
Críticos de la política argumentan que este tipo de barreras económicas discriminan a ciudadanos de países más pobres y dificultan viajes legítimos por turismo, negocios o estudios. Sin embargo, el gobierno estadounidense defiende la medida como una herramienta necesaria para proteger los intereses fiscales y garantizar que los visitantes cumplan con los términos de su entrada al país.