Por Redacción

Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Cámara de Senadores avanza en la discusión y aprobación del denominado ‘Plan B’ electoral, una iniciativa impulsada por el grupo parlamentario de Morena que cuenta con el respaldo decisivo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La reforma busca reducir el gasto electoral, limitar los presupuestos de los congresos locales y modificar las reglas de la revocación de mandato, con el objetivo estratégico de facilitar una consulta de ratificación para la presidenta Claudia Sheinbaum en 2027.

Manuel Velasco Coello, líder del PVEM, confirmó que 13 de los 14 senadores de su bancada votarán a favor de la iniciativa, lo que garantiza la mayoría calificada necesaria para aprobar los cambios constitucionales. Esta alianza permite al oficialismo superar la aritmética legislativa sin depender de la oposición tradicional, consolidando un bloque que promueve la austeridad republicana y la continuidad del proyecto federal actual.

El contenido de la reforma contempla la reducción del gasto ordinario de los organismos electorales y establece un techo del 0.7% del presupuesto estatal para los gastos de los congresos locales. Asimismo, se propone la disminución del número de regidores en los ayuntamientos y altera el mecanismo de la revocación de mandato, permitiendo que esta se realice durante el año 2027 o 2028 y habilitando al titular del Ejecutivo para pronunciarse durante el proceso, un cambio sustancial respecto a la legislación vigente.

En paralelo a la discusión en el Senado, la Cámara de Diputados prepara la convocatoria para designar a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en un movimiento que el oficialismo considera necesario para renovar la autoridad electoral. Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, ha enfatizado la urgencia de concluir este paquete legislativo para garantizar la certeza jurídica de los próximos procesos comicios y la armonización de las leyes secundarias en las entidades federativas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura de respaldo a las reformas, argumentando que la democratización de la justicia y la austeridad en el sistema electoral son pilares fundamentales de su administración. Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de Morena, destacó que estas medidas buscan devolver recursos al pueblo y evitar que la burocracia electoral consuma una parte desproporcionada del erario público.

Mientras el Plan B toma forma en el Congreso federal, los gobiernos estatales comienzan a ajustar sus legislaciones locales. Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, anunció que presentará una iniciativa para armonizar la normativa estatal con los nuevos preceptos federales, siguiendo la línea marcada por el ejecutivo nacional. Por su parte, diputados de la oposición como Elías Lixa, del PAN, han criticado la velocidad del proceso y las implicaciones de los cambios en la revocación de mandato, aunque carecen de los votos para detener la aprobación.

Se espera que la votación final en el Senado se concrete en los próximos días, cerrando una etapa clave en la reconfiguración del sistema político mexicano. La aprobación de este paquete legislativo marca el camino para la posible consulta de ratificación de 2027, donde la administración de Sheinbaum buscaría obtener un respaldo popular superior al 80%, según las metas planteadas por los promotores de la reforma.

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