Por Redacción
San Salvador, 20 de marzo de 2026.- El gobierno de El Salvador presentó una propuesta legislativa para establecer la cadena perpetua como pena máxima para menores de edad convictos por los delitos de asesinato y violación. La iniciativa, impulsada por los ministros de Seguridad y de Defensa, Gustavo Villatoro y Francis Merino respectivamente, busca ampliar el alcance de la reforma constitucional aprobada el martes 17 de marzo por la Asamblea Legislativa, la cual permitió imponer cárcel de por vida a homicidas, violadores y terroristas adultos.
Hasta el momento, la condena máxima aplicable en el país para cualquier delito era de 60 años de prisión. La reciente modificación a la Constitución eliminó la prohibición explícita que existía contra las penas perpetuas, abriendo la puerta jurídica para este endurecimiento penal. Ahora, el ejecutivo busca que esta nueva norma incluya también a los menores, aunque la investigación disponible no especifica el rango de edades que se definiría como “menor” bajo esta propuesta ni el nombre técnico del proyecto de ley.
La presentación de la propuesta ocurre un día después de la aprobación legislativa de la reforma base, marcando una rápida sucesión de acciones del gobierno del presidente Nayib Bukele para endurecer el sistema de justicia. Los ministros Villatoro y Merino han sido los voceros principales de esta medida, aunque las declaraciones públicas específicas sobre los detalles de la implementación no han sido detalladas en los reportes iniciales.
Esta norma deberá ser sometida a aprobación por parte de la Asamblea Legislativa en los próximos días para entrar en vigor. La extensión de la pena de por vida a menores representa un cambio significativo en la doctrina legal salvadoreña, que anteriormente limitaba las sanciones para este grupo etario. No se han proporcionado cifras específicas sobre el número de casos de menores involucrados en delitos graves que motivaron directamente esta iniciativa legislativa.
El contexto político en El Salvador se mantiene enfocado en políticas de “mano dura” contra la criminalidad. La rapidez con la que se ha pasado de la reforma constitucional a la propuesta de ley ordinaria sugiere una priorización alta en la agenda gubernamental para completar el marco jurídico de las penas perpetuas antes de que conclua la semana legislativa.