Por Redacción
Boston, 21 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este viernes una demanda federal contra la Universidad de Harvard, acusando a la institución de violar la Ley de Derechos Civiles de 1964 al permitir un entorno hostil para estudiantes judíos e israelíes. La acción legal, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, solicita al tribunal la recuperación de subvenciones federales que ascienden a miles de millones de dólares otorgadas a la prestigiosa casa de estudios.
La querella se centra en los incidentes ocurridos durante las manifestaciones a favor de Palestina y en contra de Israel que tuvieron lugar en el campus, específicamente haciendo referencia a un campamento de protesta que permaneció instalado durante 20 días. Según la postura del gobierno estadounidense, la universidad falló en su obligación de garantizar la seguridad y la no discriminación hacia los alumnos de origen judío o nacionalidad israelí frente a las agresiones y el acoso perpetrados por manifestantes antiisraelíes.
Este litigio marca un escalada significativa en la confrontación entre el Ejecutivo federal y la institución educativa, constituyendo la tercera demanda presentada por la administración Trump contra Harvard. Los antecedentes de este conflicto incluyen una amenaza emitida en febrero de 2025, cuando el gobierno intentó suspender los fondos federales de la universidad, medida que fue bloqueada oportunamente por un juez federal antes de llegar a esta nueva instancia judicial.
Las protestas que motivan la acción legal se enmarcan en el contexto posterior al ataque de Hamás a Israel ocurrido el 7 de octubre, desencadenando una ola de movilizaciones estudiantiles durante 2023 y 2024. Aunque la investigación no detalla cifras exactas de víctimas ni fechas específicas de cada incidente alegado, la demanda sostiene que la respuesta institucional de Harvard fue insuficiente para contrarrestar lo que el Departamento de Justicia califica como discriminación sistemática basada en el origen nacional y la religión.
Con la presentación de este caso en los tribunales de Boston, se abre un nuevo capítulo jurídico que podría establecer precedentes sobre la responsabilidad de las universidades privadas en la gestión de la libertad de expresión y la seguridad en sus campus. Mientras la universidad ha emitido comunicados institucionales respecto al conflicto, la resolución sobre el monto específico de los fondos federales en riesgo y las posibles sanciones dependerá ahora del proceso judicial que apenas inicia.