Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la suspensión de los permisos de más de 100 organizaciones de la sociedad civil para recibir donativos deducibles de impuestos, medida derivada del incumplimiento de la reglamentación vigente. Entre las entidades afectadas se encuentran Mexicanos Primero, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), aunque la lista completa de las organizaciones suspendidas no ha sido detallada públicamente por la autoridad fiscal.
En un comunicado oficial, el SAT precisó que la decisión responde a que dichas agrupaciones no lograron cumplir con los requisitos establecidos para mantener su estatus como donatarias autorizadas. La normativa aplicable, contenida en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), establece consecuencias severas para quienes no regularicen su situación: si una organización no recupera su permiso en un plazo máximo de 12 meses, está obligada a destinar todo su patrimonio a otra donataria que cuente con autorización vigente.
A pesar de la suspensión, algunas de las organizaciones mencionadas han informado que ya se encuentran trabajando para resolver su situación administrativa frente al SAT. Estas entidades esperan obtener una respuesta favorable sobre la reinstalación de sus permisos a más tardar el 31 de marzo de 2026, fecha que marca un horizonte cercano para definir su capacidad operativa inmediata.
La medida impacta directamente en la capacidad de recaudación de fondos de estas instituciones, ya que la posibilidad de emitir recibos deducibles de impuestos es un incentivo clave para los donantes particulares y empresariales. Hasta el momento, no se han divulgado los requisitos específicos que las más de 100 organizaciones no cumplieron, ni se ha especificado el número exacto de entidades que fueron suspendidas temporalmente versus aquellas que podrían enfrentar una baja definitiva.
Este movimiento de la autoridad fiscal ocurre en un contexto donde la vigilancia sobre el uso de recursos exentos de impuestos se ha intensificado. La ley prevé que, tras la notificación de la suspensión, las organizaciones tengan un año fiscal para corregir las omisiones detectadas; de lo contrario, deberán liquidar sus activos a favor de otras instancias benéficas autorizadas, lo que podría reconfigurar el mapa de la sociedad civil organizada en el país.