Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- Especialistas en materia electoral criticaron el llamado Plan B de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que podría derivar en publicidad a favor de la mandataria y representar un riesgo para la democracia mexicana. La iniciativa, que incluye modificaciones a la revocación de mandato y reducción de privilegios de funcionarios, fue recibida en el Senado para su análisis.
José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral, participó en una charla exclusiva junto a Javier Martín Reyes y Tito Garza Onofre, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Los tres coincidieron en que el rumbo actual de la reforma rompe con la lógica histórica de consenso que caracterizó cambios previos como los de 1994, 1996, 2007 y 2014.
La propuesta original de reforma electoral fue rechazada el 11 de marzo en el Poder Legislativo al no alcanzar los 334 votos necesarios para mayoría calificada, debido a la falta de respaldo del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México. Tras ese revés, el Ejecutivo presentó una nueva propuesta que incluye modificaciones a la revocación de mandato, reducción del presupuesto de congresos locales, disminución de regidurías y ajustes salariales a funcionarios.
En el Senado, la iniciativa fue recibida por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez. Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política, comentó que se trata de una iniciativa noble para el pueblo de México, para la democracia participativa y para la austeridad republicana. El documento establece que en el caso del Senado se aplique un ajuste presupuestario de 15 por ciento respecto al presupuesto aprobado en 2026.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Plan B incluirá propuestas para fortalecer la paridad de género. Detalló que la senadora de Morena, Malú Micher, trabaja en crear la propuesta para reforzar la participación de las mujeres en los procesos electorales y en la representación popular. Sin embargo, aún falta que el Partido del Trabajo defina si apoyará la iniciativa.
El coordinador petista, Reginaldo Sandoval, señaló dos puntos de desacuerdo: el riesgo de inestabilidad por la revocación de mandato, al considerar que puede llevar a que los presidentes sean removidos a los tres años y genere campañas permanentes, y el tema de la identificación del partido por parte del Ejecutivo Federal. El PT respalda la reducción de gastos en congresos locales, aunque pide ajustar la propuesta sobre el número de regidores.
La iniciativa propone modificar el artículo 134 de la Constitución para prever que todo ente público federal, estatal, municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México ajusten sus remuneraciones a los límites establecidos en el artículo 127. Asimismo, se determinan casos en los que se prohíbe la contratación de seguros de ahorro privados en beneficio de los servidores públicos usando recursos del Estado.
El dictamen se analiza en las comisiones del Senado, donde la redacción actual de la reforma permite la promoción de la persona sujeta a revocación y no establece una fecha precisa para dicho proceso, lo que genera dudas entre los petistas. La postura del PT se acerca a la de Movimiento Ciudadano, que tampoco respalda la revocación de mandato. Hasta el momento, el voto del PT sobre la reforma electoral sigue sin estar firme.