Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) firmaron un convenio para promover la igualdad sustantiva y no discriminación en la labor jurisdiccional, mientras organizaciones de la sociedad civil demandan que los derechos de los pueblos indígenas sean vinculantes y no solo declarativos. En paralelo, el Senado de la República llamó a uniformar las leyes de género en todos los estados del país y un caso judicial específico cuestiona la actuación de una jueza federal al amparar a un empresario acusado de fraudes.
El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y la presidenta del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, encabezaron la firma del acuerdo institucional que busca incorporar principios de igualdad y no discriminación en la función judicial. El convenio fue suscrito el 20 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, aunque no se especificaron los mecanismos concretos para su implementación en la labor jurisdiccional.
Organizaciones como Indigenous Peoples Rights International México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio México emitieron un posicionamiento exigiendo que el marco legal para los pueblos indígenas tenga fuerza vinculante real para proteger sus territorios y autonomía, argumentando que actualmente solo ofrece garantías declarativas. Las organizaciones demandan una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional, aunque no se especifica su contenido o estatus legislativo.
La senadora Malú Micher realizó un llamado desde el Senado de la República para armonizar las legislaciones de género en todos los estados del país, buscando uniformidad en las leyes que protegen los derechos de las mujeres. Sin embargo, no se mencionó si el Senado o la SCJN han establecido un plazo específico o medidas de seguimiento para esta armonización legislativa.
En contraste con los anuncios institucionales sobre avances en derechos humanos, un caso judicial específico señala una actuación cuestionable de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien otorgó un amparo al empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, acusado de fraudes. Este caso sugiere una posible contradicción entre el discurso institucional y la práctica judicial, aunque no hay información sobre la reacción del Poder Judicial a estas críticas.
El contexto de estas acciones se desarrolla en un momento donde la Plataforma Nacional de Datos Abiertos suma más de 5 mil bases de datos de 184 instituciones, según un reporte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esta infraestructura de información podría servir como herramienta para transparentar las acciones en materia de justicia y derechos humanos en el país.
Las múltiples iniciativas y demandas reflejan tanto acciones oficiales como exigencias sociales dentro del sistema de justicia mexicano. Mientras las instituciones gubernamentales anuncian convenios y reformas para promover la igualdad y no discriminación, la sociedad civil mantiene presión para que los derechos reconocidos constitucionalmente tengan aplicación real y vinculante, especialmente para los pueblos indígenas y sus territorios.