Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Cámara de Senadores preparará la discusión legislativa del denominado Plan B electoral, una reforma constitucional remitida por la presidenta Claudia Sheinbaum que será analizada durante la próxima semana, los días 24 y 25 de marzo. La iniciativa busca modificar las reglas del sistema político mexicano, enfocándose en la reducción de privilegios y gastos en los congresos federales y locales, así como en los órganos electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE) y los tribunales correspondientes.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es adelantar la posibilidad de solicitar la revocación de mandato del Poder Ejecutivo Federal al tercer año de gobierno, cuando actualmente la Constitución establece que este mecanismo puede activarse hasta el cuarto año. Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, son los actores legislativos clave identificados en el proceso de tramitación de esta reforma.
En cuanto a los aspectos financieros de la propuesta, se ha proyectado un costo unitario estimado de consulta de aproximadamente 35 pesos por voto. Esta cifra es una proyección basada en los datos de la elección intermedia de 2021, la cual registró una participación del 52.7 por ciento con un universo de 48.8 millones de votantes. La reducción de gastos en las instituciones electorales y legislativas constituye el otro pilar fundamental de la iniciativa presidencial.
El análisis de conversación digital realizado por el MW Group indica que el tema ha generado polarización en el debate público. Según estos datos, el 21 por ciento de las conversaciones en redes advierten sobre posibles riesgos para la democracia, la paridad de género y la libertad en internet derivados de los cambios propuestos. No obstante, la agenda legislativa se centrará en los próximos días en la deliberación de estos puntos específicos dentro del recinto senatorial.
La discusión del Plan B marca un momento significativo en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, dado que la reforma fue enviada directamente por la jefa del Estado. Mientras se definen las posturas de los diversos grupos parlamentarios y los votos previstos en el Senado, la atención se mantiene en los detalles sobre la implementación de la revocación de mandato y las implicaciones presupuestarias para los organismos autónomos electorales.