Por Redacción
Washington, 23 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en diversos aeropuertos del país para asumir funciones de seguridad, medida adoptada tras el colapso operativo de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) debido a un cierre parcial del gobierno que ha dejado sin salario a miles de trabajadores desde el 13 de marzo.
La crisis de personal en la TSA ha alcanzado niveles críticos, registrando una tasa de ausencias laborales superior al 9% y al menos 350 renuncias desde febrero. Esta fuga de empleados ha generado caos en terminales aéreas, con reportes de filas de espera de hasta seis horas en el aeropuerto de Atlanta, mientras cerca de 65,000 trabajadores de la agencia permanecen sin recibir su pago completo.
Ante la incapacidad de mantener las operaciones normales, Tom Homan, designado como zar fronterizo, supervisó la movilización de los agentes de ICE para cubrir los puestos vacantes, aunque las fuentes no especifican el número exacto de efectivos desplegados ni la lista detallada de los aeropuertos intervenidos. La medida busca garantizar la seguridad nacional mientras persiste la disputa presupuestal entre demócratas y republicanos sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional.
En medio del estancamiento legislativo, el empresario Elon Musk realizó una oferta pública a través de sus redes sociales para financiar los salarios de los empleados de la TSA afectados por el bloqueo gubernamental. Sin embargo, la investigación actual no confirma si dicha propuesta ha sido aceptada o implementada por la administración federal, ni detalla los mecanismos propuestos para tal fin.
La senadora republicana Lisa Murkowski ha manifestado su postura respecto a la situación, en un contexto donde el presupuesto estimado para los salarios de la agencia ronda los 2,500 millones de dólares. El conflicto subraya la tensión entre la necesidad de operar servicios esenciales y las maniobras políticas que mantienen paralizadas las asignaciones federales, dejando a los trabajadores en una posición de incertidumbre económica y operativa.