Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó el estatus de donataria autorizada al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), medida que se suma a la baja de al menos 13 organizaciones y que impacta a más de 100 entidades de la sociedad civil en el país. La decisión surge de una discrepancia administrativa respecto a las atribuciones de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) para validar las actividades de estos cuerpos civiles.
De acuerdo con la información disponible, el IMCO aseguró haber cumplido puntualmente con sus obligaciones fiscales y contaba con la acreditación correspondiente emitida por la SECIHTI. Sin embargo, el SAT procedió a la revocación del beneficio fiscal bajo el argumento de que dicha secretaría no poseía las facultades legales para realizar dicha acreditación, invalidando así el proceso seguido por la organización fundada en 2003.
Esta acción ha generado un escenario de incertidumbre para más de 100 organizaciones de la sociedad civil que enfrentan la pérdida de su estatus como donatarias autorizadas. Las cifras indican que, hasta el momento, 13 organizaciones han sido dadas de baja oficialmente, aunque el universo de entidades afectadas por las nuevas disposiciones es significativamente mayor.
La contradicción central del caso radica en que, mientras el IMCO y otras entidades actuaron conforme a los lineamientos de la SECIHTI, la autoridad fiscal determinó retrospectivamente que dicho organismo carecía de competencia para otorgar los avales requeridos. Este cambio de criterio en la interpretación de las disposiciones ha dejado sin efecto los trámites realizados por las asociaciones civiles.
Ante la notificación de la revocación, el IMCO presentó una nueva solicitud ante el SAT el 18 de noviembre, buscando regularizar su situación bajo los nuevos parámetros exigidos. No obstante, la resolución final de dicho requerimiento aún no se ha hecho pública, manteniendo a la organización en un limbo administrativo que limita su capacidad para recibir deducibles.
El contexto de esta medida se da en medio de un debate más amplio sobre el entorno regulatorio para las organizaciones no gubernamentales. Aunque existen narrativas internacionales que alertan sobre tendencias de criminalización hacia la sociedad civil, el caso mexicano se centra específicamente en disputas de competencia entre dependencias gubernamentales y el estricto apego a los requisitos fiscales para mantener el beneficio de la donataria.
La falta de una lista completa de las organizaciones afectadas y la ausencia de detalles específicos sobre las nuevas disposiciones que exigen acreditar actividades mantienen la opacidad sobre el alcance total de la medida. Mientras las entidades buscan cumplir con los nuevos exigencias, la revocación del estatus representa un golpe operativo para instituciones que dependen de la deducibilidad de donaciones para financiar sus proyectos de competitividad e innovación.