Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual, un marco regulatorio que actualiza la normativa del sector tras más de 30 años sin modificaciones sustanciales. La votación, que contó con 466 votos a favor, fue impulsada por la Comisión de Cultura y Cinematografía y establece medidas clave como una cuota mínima de exhibición del 10% para producciones nacionales en salas de cine.
Alma Lidia de la Vega, presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía y diputada de Morena, lideró el proceso legislativo que busca diferenciar legalmente entre producciones cinematográficas y audiovisuales. La nueva ley incluye un crédito fiscal de hasta el 30% del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con un tope de 40 millones de pesos por proyecto, destinado a incentivar la inversión en el sector.
Además, la normativa impone un requisito de proveeduría nacional de al menos 70% para las producciones que accedan a estos beneficios. Pedro Haces, diputado de Morena, participó en la presentación de la iniciativa que también obliga a las plataformas digitales de streaming a promover catálogos de contenido mexicano en sus servicios.
Entre las disposiciones operativas, la ley amplía el tiempo mínimo de proyección de películas nacionales en salas de exhibición, pasando de 7 a 14 días. Esta medida busca garantizar una ventana de comercialización más amplia para los productores locales frente a la distribución de contenidos internacionales.
La aprobación de este ordenamiento jurídico ocurre bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha mostrado interés en fortalecer las industrias creativas como parte de la política cultural federal. Se estima que el sector audiovisual tiene un impacto transversal en economías relacionadas con el transporte, el turismo y la logística.
Con esta votación, se da inicio al proceso para que la ley sea enviada al Senado para su revisión y, posteriormente, publicada en el Diario Oficial de la Federación. La actualización del marco legal busca modernizar la regulación que data de 1992, adaptándola a las nuevas dinámicas de consumo digital y producción tecnológica.