Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, tras una audiencia que se extendió desde la mañana del lunes 23 hasta la madrugada del martes 24 de marzo. La decisión judicial se dio en el marco de la investigación por el contrato firmado con la empresa Next Energy, el cual contemplaba un monto de 4,500 millones de pesos a 30 años para la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali destinada a dotar de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana, infraestructura que nunca fue edificada.
La audiencia, que inició a las 09:23 horas bajo la presidencia del juez de control Gerardo Anguiano Ceja, contó con la participación de los defensores Humberto Velazco e Hiram Sánchez, quienes representaron al exmandatario. Durante el procedimiento, la Fiscalía General del Estado presentó los elementos para sustentar la acusación, mientras que la defensa argumentó que los pagos realizados a la empresa, que incluyeron un desembolso inicial de 123 millones de pesos, ocurrieron después de que Bonilla dejó la administración en octubre de 2021, específicamente entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022.
Los abogados de Bonilla sostuvieron que el delito de uso ilícito de facultades no era aplicable, ya que calificaron el proyecto como un contrato plurianual para la adquisición de un servicio y no como una adquisición de crédito fiscal. Sin embargo, el juez determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal, estableciendo un plazo de investigación de seis meses. El contrato en cuestión contemplaba pagos mensuales de alrededor de 123 millones de pesos.
Este desarrollo judicial ocurre en un contexto de conflicto político entre el exgobernador, quien actualmente funge como dirigente del Partido del Trabajo (PT), y la actual gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, de Morena. Bonilla ha sido señalado como el primer exgobernador surgido de las filas de Morena en ser acusado abiertamente de corrupción en la entidad.
La planta de energía, objeto central de la controversia, tenía como finalidad abastecer al acueducto que lleva agua a Tijuana, pero la obra no se materializó durante la administración de Bonilla. La vinculación a proceso marca un nuevo capítulo en la revisión de las acciones de gobierno de la pasada administración en el estado fronterizo.