Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó este martes las reformas a la Ley de Vivienda que modifican el esquema de operación de los institutos de vivienda en México. La votación en lo general contó con 356 votos a favor y 99 en contra, mientras que en lo particular la aprobación fue de 354 sufragios a favor y 95 en contra, con el respaldo de la bancada de Morena y sus aliados legislativos.
La modificación legal faculta a Infonavit y Fovissste para constituir filiales dedicadas a la compra de terrenos, así como a la construcción, remodelación y comercialización de viviendas para venta o renta. El texto aprobado sustituye el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”, un cambio que el oficialismo defiende como parte del modelo de “vivienda del bienestar”.
Durante el debate, legisladores del PAN y del PRI expresaron su oposición a la iniciativa. La diputada Blanca Gutiérrez Garza, del Partido Acción Nacional, argumentó que la reforma traslada la carga de la construcción a los fondos de los trabajadores y transforma a las instituciones de facilitadoras de crédito en intermediarias comerciales. Por su parte, la diputada Evelyn Sánchez también manifestó posturas críticas durante la sesión, aunque su afiliación partidista no fue especificada en los registros de la discusión.
De manera paralela a la aprobación legislativa, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció un programa de vivienda social con respaldo federal en la entidad. El mandatario informó una inversión autorizada de 10,000 millones de pesos, con lo cual se eleva la meta de construcción en el estado de 33,800 a 65,000 unidades. Según los datos presentados, en Sonora ya hay 9,694 viviendas en proceso de construcción y 18,126 en etapa de planeación.
La diputada Sandra Patricia Palacios, de Morena, avaló la reforma como un mecanismo necesario para garantizar el acceso a la vivienda, alineado con las políticas federales actuales. La aprobación en el recinto de San Lázaro envía ahora el decreto a las instancias correspondientes para su publicación y entrada en vigor, marcando un cambio estructural en la política habitacional del país.