Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Gobierno federal presentó este viernes una actualización detallada del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), estableciendo que de un total histórico de 394,645 registros acumulados entre 1952 y 2026, existen 132,534 personas con estatus activo de desaparecidas. Durante la comparecencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las autoridades desglosaron las cifras para diferenciar los casos con información completa de aquellos con datos insuficientes o con evidencia de actividad posterior a la denuncia.
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), explicó la nueva categorización de los 130,178 casos reportados desde 2006, fecha que marca el inicio de la segunda etapa histórica de desapariciones vinculadas principalmente a la delincuencia organizada. De este universo, 46,742 registros (36 por ciento) fueron clasificados en un grupo con datos incompletos o insuficientes, lo que implica que faltan variantes como nombre, fecha de nacimiento o lugar de los hechos. Por otro lado, 40,308 casos (31 por ciento) presentan actividad posterior al reporte, mientras que 43,128 (33 por ciento) cuentan con datos completos pero sin actividad reciente.
En cuanto a las personas localizadas, el informe indica que se ha dado paradero a 262,111 individuos, lo que representa el 66 por ciento del total histórico. De este grupo, 240,211 fueron encontradas con vida (92 por ciento) y 21,900 sin vida (8 por ciento). Específicamente en el periodo comprendido entre octubre de 2024 y marzo de 2026, se logró la localización de 31,946 personas. Sin embargo, Félix Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, acknowledged que la cifra de 43,128 desaparecidos sin actividad reciente representa el núcleo más crítico que requiere atención prioritaria del Estado.
La presentación de estos datos ocurre en el marco de la reforma legal de 2025 a la Ley General en materia de desaparición de personas, la cual establece la obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte. No obstante, las propias cifras gubernamentales revelan que, del grupo de casos con datos completos y sin actividad reciente, solo 3,869 cuentan con una carpeta de investigación formalizada. Asimismo, de los casos con actividad posterior al reporte, las autoridades confirmaron que ya se ha ubicado a 5,269 personas, aunque no detallaron la metodología específica utilizada para verificar dicha actividad, como movimientos bancarios o aplicaciones de vacunas.
Ante el anuncio, surgieron cuestionamientos desde el ámbito político. Kenia López Rabadán, a través de un comunicado, señaló la necesidad de transparencia en los métodos de depuración del registro, eco de las demandas de diversos colectivos de familiares que temen que la reclasificación de casos con datos insuficientes pueda derivar en la exclusión de víctimas reales de la lista oficial. La discrepancia en las cifras históricas también fue notable, pues mientras algunas fuentes oficiales mencionan 2,354 casos del periodo 1952-2005, otras sitúan la cifra en 2,356, una diferencia mínima que refleja los retos de homologación de información de larga data.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el trabajo realizado, asegurando que el gobierno reporta lo encontrado con total transparencia y destacando la colaboración con los colectivos de búsqueda. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, enfatizó que el objetivo no es minimizar la tragedia, sino poner orden en una base de datos que históricamente ha sufrido de inconsistencias y duplicidad. Las autoridades comprometieron continuar con el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y el Banco Nacional de Datos Forenses, aunque persiste la demanda social por conocer el cronograma y las fuentes de financiamiento para estas iniciativas.