Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Gobierno de México presentó este viernes un informe actualizado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual establece en 394 mil 645 el total de registros históricos contabilizados entre 1952 y marzo de 2026. De esta cifra global, las autoridades reportaron que 262 mil 111 personas han sido localizadas, lo que representa el 66 por ciento del universo registrado.
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), encabezó la difusión de los datos duros junto a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina. El informe desglosa que, de las personas localizadas, 240 mil 211 fueron encontradas con vida, equivalente al 92 por ciento de los hallazgos, mientras que 21 mil 900 corresponden a localizaciones sin vida.
Al corte del 26 de marzo de 2026, el estatus de desaparecidas se mantiene para 132 mil 534 personas. Las autoridades precisaron que de este total, 2 mil 356 casos corresponden a desapariciones ocurridas antes de 2006, mientras que 130 mil 178 son registros posteriores a dicho año que continúan activos. En el periodo comprendido entre octubre de 2024 y marzo de 2026, se logró la localización de 31 mil 946 individuos.
La administración federal clasificó los casos posteriores a 2006 en tres grupos operativos. El primero integra a 46 mil 742 registros que carecen de datos suficientes para iniciar o continuar búsquedas efectivas. Un segundo grupo consta de 40 mil 308 casos con datos y actividad posterior, de los cuales ya se ha ubicado a 5 mil 269 personas. Finalmente, un tercer grupo reúne a 43 mil 128 expedientes que cuentan con datos pero sin actividad reciente; de estos, únicamente 3 mil 869 disponen de una carpeta de investigación formalmente abierta.
La presentación del informe contó con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y fue seguido por declaraciones de Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el documento ha generado exigencias de transparencia por parte de colectivos de búsqueda y sectores de la oposición política, quienes cuestionan la metodología empleada para verificar las actividades posteriores y clasificar los expedientes.
Organismos internacionales y grupos de la sociedad civil han señalado que, más allá de las cifras presentadas, persisten problemas estructurales como la crisis forense y altos índices de impunidad. La disparidad entre el volumen de registros y el bajo número de carpetas de investigación activas en ciertos grupos de casos permanece como un punto de atención en el debate público sobre la estrategia de seguridad y derechos humanos.