Jerusalén, 31 de marzo de 2026.- La Knesset (Parlamento israelí) aprobó una ley que permite la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por terrorismo. La normativa se aplicará específicamente en los tribunales militares de Cisjordania, instancias que juzgan exclusivamente a acusados palestinos, ya que los colonos israelíes en la misma zona están sujetos a la legislación civil.
La votación en el parlamento registró discrepancias en los reportes sobre el número exacto de votos a favor: una fuente indicó 62 votos a favor y 48 en contra, mientras que otra reportó 64 votos a favor y 48 en contra. El primer ministro Benjamín Netanyahu votó a favor de la ley, cuya principal impulsora fue el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.
Bajo la nueva legislación, los tribunales militares están obligados a castigar con la pena capital el asesinato de israelíes en ‘actos de terrorismo’. Los jueces solo podrán optar por la cadena perpetua si aprecian ‘circunstancias especiales’. La decisión de imponer la pena de muerte no requiere unanimidad, bastando una mayoría simple. Además, la ley elimina el derecho de apelación, exige que la sentencia se emita en un plazo de 90 días y permite la realización de ejecuciones secretas por ahorcamiento.
La normativa impone también un régimen de aislamiento casi total a los condenados a muerte. Según lo establecido, la ley no se aplicará retroactivamente a los detenidos en los ataques del 7 de octubre de 2023, aunque la Knesset está tramitando actualmente otra iniciativa legislativa que sí prevé aplicar este castigo a posteriori para dichos casos.
Itamar Ben Gvir celebró la aprobación calificándola como “un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos”. “No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”, declaró el ministro, quien además definió la medida como “disuasoria” y una “ley histórica”. “Hoy devolvemos el orgullo al pueblo de Israel […] Hay actores en la UE que nos quieren ver como el 7 de octubre [de 2023, el ataque de Hamás]: muertos, callados y otra vez secuestrados”, añadió.
Por su parte, la Presidencia de la Autoridad Palestina condenó la ley, tildándola de ‘racista’ y una ‘flagrante violación del derecho internacional humanitario’. En un comunicado, la entidad afirmó: “Estas leyes no van a quebrar la voluntad del pueblo palestino ni socavar su resistencia, ni lo disuadirá de seguir con su lucha legítima por la libertad, la independencia y el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital”.