Por Redacción
Mexicali, 26 de julio de 2026.- La captura de cuatro menores de edad involucrados en un secuestro y tres implicados en un asesinato evoca el abandono institucional a menores, mientras el oficialismo pide el endurecimiento de las penas. En poco más de una semana, ocho menores fueron detenidos vinculados a crímenes atroces como secuestro y homicidio; dos de ellos tenían 13 y 14 años de edad.
Los primeros tres menores fueron señalados como autores del asesinato de Flaviano López Martínez, de 50 años, conductor de InDrive. Según los hechos, lo habrían matado de un balazo, trasladado a un terreno despoblado donde incendiaron su cuerpo, no sin antes videograbarlo, exhibirlo y ridiculizarlo. Los otros cinco fueron capturados en Playas de Tijuana por privación de la libertad.
Ante estos eventos, la única respuesta del sector político ha sido la del diputado Juan Manuel Molina, quien propone endurecer las penas contra menores infractores. Con ello, el debate se centra en establecer como únicos responsables a los adolescentes sin analizar las condiciones materiales de la población, la precarización en la que viven, la susceptibilidad a la delincuencia organizada, e incluso la deshumanización y falta de atención temprana de salud mental.
Este contexto remite a septiembre de 2022, cuando funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), acompañados de la Fiscalía General del Estado (FGE), irrumpieron en la casa hogar ‘A Way Out’. El inmueble, ubicado en la colonia Robledo de Mexicali, era dirigido por la activista Gabriela Ortiz y atendía a niños y adolescentes que ninguna institución recibía, incluyendo jóvenes con historial criminal, consumo de enervantes o vínculos con la delincuencia organizada.
El albergue cerró sus puertas debido a que se detectaron supuestos abusos que nunca fueron confirmados. Las acusaciones emitidas por el DIF y la FGE no pudieron sostenerse y cada uno de los señalamientos fue desacreditado. Respecto a denuncias de menores que afirmaron ser obligados a hacer sus necesidades en baldes, la realidad es que la CESPM dejó sin agua el lugar por varios días, lo que obligó a usar alternativas ante la necesidad y la sobrepoblación que padecían por ser el único refugio para menores en riesgo delictivo real.
Gabriela Ortiz denunció durante muchos años los abusos e intentos de corrupción de funcionarios, principalmente durante la época del PAN, cuando condicionaban apoyos a cambio de devolver una parte en efectivo a quien se los otorga. La activista nunca se prestó a ello y, por esas razones, fue castigada varias veces.