Por Redacción
Tijuana, 29 de agosto de 2026.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) abrió una carpeta de investigación tras el fallecimiento de un joven de 28 años en el centro de rehabilitación JIREH, perteneciente a la Patrulla Espiritual.
De acuerdo con la información recabada, la muerte de Richar Damián se registró el pasado 21 de agosto en las instalaciones ubicadas en la colonia Poblado Ejido Matamoros. La víctima había ingresado al lugar tres días antes debido a antecedentes relacionados con el alcoholismo.
Tras las primeras indagatorias, se determinó que el cuerpo presentaba hematomas en las piernas, así como una lesión en la frente y barbilla. El Servicio Médico Forense estableció que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por sofocación debido a la obstrucción exterior de los orificios respiratorios.
Jorge Álvaro Ochoa Orduño, presidente de la CEDHBC, informó que, aparte de la Fiscalía General del Estado, el organismo estatal también inició un expediente derivado de que se trata de un centro de rehabilitación. “En relación a este asunto del fallecimiento, se abrió un expediente en la comisión derivado a que se centra en un centro de rehabilitación; se ha ido a distintos centros y esperemos pronto tengamos una resolución al respecto”, declaró el funcionario.
Ochoa Orduño aseguró que constantemente se supervisan estos espacios para cerciorarse de que no se violen los derechos humanos y precisó que, hasta el momento, no se ha presentado otro fallecimiento dentro de un centro de rehabilitación perteneciente a la Patrulla Espiritual.
El centro de rehabilitación Jireh, dirigido por Jesús Ocaña, alias “Chiquilín”, fue beneficiado el pasado 26 de abril con un recurso de 7 millones 200 mil pesos durante la administración del alcalde con licencia de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz. Los fondos, provenientes del fideicomiso Fondos Tijuana bajo el programa “Salud Para Todos” y el esquema “Rescate y Vida Nueva”, presuntamente otorgaron 300 becas para atención psiquiátrica y médica por tres meses a personas en situación de vulnerabilidad y adicción.