Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió sobre nuevos ataques a la independencia judicial y afirmó que continuará con la defensa del sistema de justicia profesional ante los recientes intentos de desmantelarlo. La organización señaló que la concentración del poder representa el riesgo principal para los derechos humanos.
En un comunicado, la Jufed aseveró que “cualquier reforma que someta la justicia a criterios políticos o electorales vulnera los estándares internacionales de protección de derechos humanos”. Asimismo, destacaron que el Juicio de Amparo constituye “el último baluarte que tiene el ciudadano para defenderse de la arbitrariedad estatal”, advirtiendo que debilitar estas instituciones deja a la sociedad en estado de indefensión.
Los integrantes del Poder Judicial, tanto en activo como en retiro, enfatizaron que no responden a intereses facciosos ni forman parte de “la simulación de una elección”. “Nuestro juramento de defender la Constitución no es una fórmula vacía, sino un compromiso ético con la división de poderes. Defender la independencia judicial es defender la libertad de cada ciudadano frente a la concentración autoritaria del poder”, indicaron.
Por otro lado, durante la discusión en lo particular de la reforma judicial en San Lázaro, quedó rechazada la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Su reserva planteaba que los comités de evaluación se integraran por personas con práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes de cada poder. También propuso que los Órganos de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina se renovaran paulatinamente, y que para ser ministro de la Corte se requiera únicamente la ciudadanía mexicana y no la nacionalidad por nacimiento.
Sánchez Cordero manifestó: “No se pueden renunciar todos y no pueden quedarse y deben quedarse paulatinamente su renovación”. Agregó que propone que los juzgadores puedan declinar su candidatura hasta 30 días después de publicada la convocatoria y que la Presidencia del Tribunal de Disciplina y del Órgano de Administración sea votada por sus pares cada dos años.
En otro orden de ideas, un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) considera viable realizar votaciones en reclusorios para la elección de juzgadores en 2027, pronunciándose consejeras electorales por el uso de la urna electrónica. Sin embargo, la consejera Norma de la Cruz advirtió que no hay garantías para ofrecer un sufragio informado a las personas en prisión preventiva. “Si a la gente que está afuera no tuvimos suficiente tiempo para hacerle llegar la información, ¿cómo lo vamos a hacer para esta población?”, cuestionó.
Cabe recordar que tras la aprobación de la reforma judicial en 2024, algunos jueces, magistrados y trabajadores administrativos tramitaron más de mil recursos contra la enmienda, la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en noviembre de 2024 que se mantenía vigente y era legal. Previamente, en los últimos dos sexenios, diversos tribunales desecharon cientos de amparos promovidos para frenar obras de infraestructura como el AIFA, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.