Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados preparará la sesión para analizar el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, tras las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche por un presunto peculado de 83 millones de pesos. El diputado Hugo Eric Flores, presidente de dicho órgano, indicó que la reunión ocurrirá después del receso de Semana Santa para no entorpecer la discusión de la reforma electoral denominada Plan B.
La Fiscalía Anticorrupción de Campeche formalizó la acusación contra el senador priista por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público. Estas acciones se vinculan con su periodo como gobernador de la entidad, el cual ejerció del 15 de septiembre de 2015 al 13 de junio de 2019, antes de asumir la dirigencia nacional de su partido.
Paralelamente, reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelan irregularidades de mayor magnitud. Durante su gobierno en Campeche se detectaron posibles desvíos por 3 mil 435 millones de pesos en 2018. Sin embargo, informes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalan que en enero de 2022 aún estaban pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos, lo que representaba el 98 por ciento del total de observaciones de ese año.
Análisis de datos publicados por Aristegui Noticias y el MCCI sugieren que la gestión de David Colmenares al frente de la ASF fue benévola con el priista en los últimos años. Según estos reportes, a Alejandro Moreno le fueron perdonadas algunas cuentas que dejó pendientes en su periodo como gobernador, incluyendo más de 2 mil 700 millones de pesos que fueron perdonados o solventados.
El proceso de desafuero se encuentra bajo la responsabilidad de la Comisión Instructora en la Cámara de Diputados. Hugo Eric Flores confirmó que la sección tiene que sesionar antes de que termine el periodo de sesiones ordinarias. La decisión de posponer el análisis hasta después del descanso busca facilitar la discusión legislativa en curso.
Este caso jurídico-legislativo coexiste con un proceso administrativo-contable relacionado con las auditorías y la solventación de recursos. Mientras la Fiscalía busca el desafuero por los 83 millones de pesos, los hallazgos de la ASF ponen en perspectiva el volumen total de recursos observados durante su administración en Campeche.