Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- A un año de la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el volumen de recursos de revisión resueltos por su sucesor, Transparencia para el Pueblo, registró una caída superior al 88 por ciento en comparación con el desempeño anterior. Mientras que en 2024 el INAI resolvió 53,233 recursos, desde marzo de 2025 hasta la fecha el nuevo organismo apenas ha emitido 5,921 resoluciones, según datos oficiales que evidencian una drástica reducción en la capacidad de respuesta del sistema de rendición de cuentas.
La disminución en la producción jurídica del órgano garante contrasta con el flujo de solicitudes de información que se mantenía activo antes de la reforma. En 2024, el extinto INAI recibió un millón de peticiones de información, y solo entre enero y marzo de 2025, antes de su disolución definitiva, resolvió más de 8,000 recursos. Julieta del Río, excomisionada del INAI, señaló que actualmente no existe manera de evaluar el desempeño del nuevo órgano debido a la falta de datos públicos sobre su operación y resultados.
En paralelo a la crisis de capacidad resolutiva, surgieron contradicciones sobre la opacidad en contratos de seguridad. El Instituto Nacional Electoral (INE) intentó reservar por cinco años la información relacionada con el contrato INE/050/2025, el cual contempla la adquisición de más de 300 cámaras de videovigilancia para ocho edificios y 32 juntas locales. La autoridad electoral argumentó que su equipo de seguridad no se había actualizado desde 2008 y que la revelación de los detalles pondría en riesgo a su personal ante la violencia actual, clasificando los datos como materia de seguridad nacional.
Sin embargo, el Órgano Interno de Control (OIC) revocó dicha reserva tras un recurso de revisión solicitado por el medio La Silla Rota. En su determinación, el OIC estableció que el contrato no revela aspectos técnicos ni detalles de infraestructura que puedan poner en riesgo la seguridad nacional, ni la vida, seguridad o salud de persona física alguna, ordenando con ello la transparencia de la información que el INE pretendía ocultar.
Este caso destaca las tensiones entre los intentos de las instituciones públicas para clasificar información bajo argumentos de seguridad y las decisiones de los órganos de control que buscan mantener el acceso público a los datos. La extinción del INAI, concretada el 20 de marzo de 2025 mediante reformas a la Ley Federal de Transparencia, dio paso a la operación de Transparencia para el Pueblo en junio de ese mismo año, un cambio estructural que ha generado interrogantes sobre la eficacia del sistema de transparencia en México.