Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, exigiendo la suspensión definitiva del proyecto financiado por capital suizo-alemán. La toma de la instalación, propiedad de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo Proman, se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, anunció previamente que ocuparían el sitio “hasta tener resultados”. Los manifestantes detuvieron los trabajos de construcción del complejo petroquímico, el cual lleva un 88% de avance y pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco. Montaño Valenzuela advirtió que mantendrán el cerco permanente hasta conseguir la cancelación definitiva de los permisos federales.
“Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”, declaró el líder indígena. El proyecto, cuyo conflicto inició en 2014, está financiado con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank. Según los manifestantes, la obra afectaría a más de 6,600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río.
Entre los impactos ambientales señalados se encuentran el relleno de 28 hectáreas de humedales, la tala de manglares y la migración de parte de la fauna. La planta succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco, descargando en la bahía agua con una temperatura de hasta tres grados más que la original. Además, un informe de la empresa alertó sobre posibles fugas de gas que podrían generar nubes tóxicas en 45 kilómetros a la redonda, impactando a más de 40,000 personas.
El colectivo ¡Aquí! sostiene que el funcionamiento de la fábrica destruirá la pesca ribereña de la región y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a habitantes de los municipios de Ahome y Mazatlán. La zona se ubica en la bahía de Ohuira, dentro del humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, declarado sitio RAMSAR. “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”, expresó Montaño Valenzuela respecto a las autoridades.
Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con representantes ejidales. Durante el encuentro, Bárcena señaló que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales”. La Semarnat informó que ha iniciado una revisión técnica y científica exhaustiva del proyecto.
Simultáneamente, ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al Gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos de financiamiento público destinados a esta iniciativa.