Ciudad De México, 05 de julio de 2026.- La Comisión Permanente del Congreso mexicano formulará un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que ejecute medidas de ciberseguridad y una campaña para alertar y prevenir a los ciudadanos sobre fraudes en la tramitación de pasaportes. El acuerdo fue aprobado por la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, que preside el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, y se votará en la sesión del miércoles de dicho órgano legislativo.
En el acuerdo se pide a la SRE impulsar una campaña permanente de información sobre cómo obtener el pasaporte. Esto responde a un incremento de fraudes en la tramitación de documentos por páginas de Internet falsas que suplantan la identidad de la dependencia para solicitar pagos indebidos y obtener datos personales de manera ilícita. Senadores y diputados señalaron que esto “constituye una problemática persistente que afecta a ciudadanos mexicanos, quienes caen en la trampa de páginas falsas de la SRE, lo que no sólo afecta su patrimonio, sino que puede comprometer sus datos personales y vulnerar su derecho a la identidad, lo que justifica la intervención legislativa”.
La investigación destaca que más de 11 millones 600 mil mexicanos viven en el exterior y más de 6 millones de connacionales viajan al extranjero cada año. Aunque las oficinas de pasaportes de la SRE y la red consular han aplicado medidas de modernización para realizar el trámite de manera eficiente, segura y expedita, el fraude cibernético relacionado con este proceso sigue afectando a la población.
Ha surgido una nueva modalidad de fraude mediante la suplantación de identidad de servidores públicos federales. El esquema delictivo comienza con mensajes directos por canales digitales como WhatsApp o redes sociales. Los delincuentes abordan a las víctimas con frases como: “Hola, trabajo en la Secretaría Anticorrupción, puedo ayudarte a agilizar tu trámite”. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno alertó esta semana que dicha red delictiva dirige sus ataques principalmente a adultos mayores.
Para dar apariencia de legitimidad a la estafa, los defraudadores utilizan nombres y cargos reales de funcionarios de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y otras dependencias. Los delincuentes acompañan sus mensajes con documentos apócrifos que incluyen logotipos institucionales clonados y solicitan depósitos o transferencias bancarias con el argumento de gestionar trámites, recuperar fondos de fraudes previos, emitir certificaciones jurídicas o evitar supuestas sanciones fiscales.