Pajapan, 24 de marzo de 2026.- Comunidades indígenas de los municipios de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan denunciaron que los trabajos de limpieza del derrame de hidrocarburo en el litoral son inadecuados y se realizan sin el equipo de protección necesario, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Petróleos Mexicanos (Pemex) está realizando todas las acciones para limpiar el océano y las playas afectadas.
El vertido, que ha contaminado varios kilómetros de la costa en el Golfo de México, mantiene en incertidumbre a la población local respecto a su origen. Mientras las comunidades reportan que no se ha esclarecido si el derrame proviene de un “barco fantasma”, la mandataria federal aseguró categóricamente que fue provocado por una embarcación, aunque precisó que la empresa responsable aún no ha sido determinada oficialmente.
Ante la discrepancia en los reportes, organismos como el Centro de Derechos Humanos Bety Cariño y el Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida han elevado la voz de alerta sobre los daños económicos y sanitarios que enfrentan los habitantes de la zona. Entre las preocupaciones destacadas se encuentra la venta de pescado que podría estar contaminado y el uso de disolventes durante las labores de remediación, prácticas que podrían agravar el impacto ambiental en el ecosistema.
En respuesta a la situación, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) participan en las investigaciones para determinar las causas exactas y los responsables del incidente. El gobierno federal había informado previamente que el vertido fue detectado hace dos semanas, periodo durante el cual se han desplegado equipos de limpieza en la región.
La controversia se centra en la eficacia de las medidas actuales y la transparencia de la información proporcionada a las poblaciones afectadas. Las autoridades continúan con los procesos de indagatoria para emitir resultados oficiales sobre el impacto a la salud de la población y al medio ambiente, mientras las comunidades exigen soluciones concretas y protección para sus medios de vida tradicionales.